El Ejecutivo ya había vetado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley similar promovida por el grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para actualizar las pensiones en función del IPC y para derogar el factor de sostenibilidad.
En aquella ocasión, Moncloa alegó que aplicar la ley de Unidos Podemos provocaría un gastos no presupuestado de 2.175,26 millones. La Mesa del Congreso, con los votos de PP y Ciudadanos, vio justificado el veto, pero el grupo confederal recurrió.
El pasado martes, justo el mismo día que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que admite que el Congreso tiene autonomía para decidir si asume o no los vetos del Ejecutivo, la Cámara ha recibido otro escrito de disconformidad, esta vez contra la iniciativa del PSOE, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Este nuevo veto, que eleva a 65 los presentados esta legislatura contra leyes de la oposición y de parlamentos autonómicos, se debatirá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde el PSOE ya ha pedido que, a la vista de la sentencia del TC, se revisen todos los escritos de disconformidad que ha ido aceptando la Cámara.
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