El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó y analizó los objetivos, pilares y reformas necesarias para la adopción y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo, además las brechas regulatorias del sector de telecomunicaciones, en el estudio “La Gobernanza de las Telecomunicaciones: Hacia la Economía Digital”.
En el caso de Nicaragua, el estudio del BID identifica tres limitantes, dos de ellas relacionadas con la legislación vigente: desfase en el marco legal que rige al sector; limitaciones en el marco regulatorio que dificultan la promoción de la competencia, asequibilidad, adopción y la calidad del servicio de banda ancha; y un déficit de banda ancha en zonas rurales.
En cuanto a la primera limitante identificada por el BID en Nicaragua, está la Ley 200 (Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, la cual fue creada en 1995 y desde entonces se han producido avances en materia de banda ancha, telefonía y televisión que quedan fuera de la legislación.
Además: Solo el 11% de nicas usa Internet con fines educativos
“No contiene principios para la promoción de Infraestructura y competencia en banda ancha, ni otorga a Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) el mandato de velar por su cumplimiento”, señala el BID en el estudio.
Para este caso el BID contempla una actualización de la Ley “basada en la evolución tecnológica de las últimas dos décadas y de las tendencias globales en este mercado (telecomunicaciones) para el desarrollo del sector en el corto y mediano plazo”.
“Aprovechar la tecnología para crear nuestra propia revolución”
Según el BID, la Ley 200 “no empodera” a Telcor (regulador) con el mandato para la promoción de infraestructura y competencia en banda ancha que “son claves para el desarrollo del sector”.
Para contrarrestar este efecto el BID considera oportuno desarrollar una legislación secundaria que contemple una regulación de “compartición de infraestructura, acceso abierto a redes de banda ancha, reglamentos de interconexión y regulación de las tarifas mayoristas de los operadores que cuenten con poder significativo de mercado en mercados relevantes”, reza el documento.
En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial, la baja densidad poblacional y el menor poder adquisitivo de la población de esas zonas. Debido a esto, “los operadores de banda ancha tienen escaso incentivo económico para desplegar infraestructura en ciertas zonas rurales y remotas”, explica el BID.
Sube el uso de internet con fines educativos en Nicaragua
El Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha es una herramienta muy utilizada para subsidiar proyectos de ampliación de infraestructura de banda ancha en zonas con baja o nula rentabilidad, usualmente proviene de tasas impuestas a los operadores de telecomunicaciones, precisa el BID.
En el caso de Nicaragua a este fondo se le conoce como Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), que de acuerdo con el Reglamento de Administración y Financiamiento del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), se constituye con un capital mínimo del 20% de los ingresos brutos mensuales percibidos por Telcor, ya sea por: derechos, tasas, multas, recargos, expedición de certificados y licencias de técnicos; y explotación del espectro radioeléctrico y otros recursos escasos.
Para mejorar el acceso de banda ancha en las zonas rurales del país el BID considera oportuno el diseño en implementación de programas nacionales de despliegue de infraestructura de banda ancha que lleguen a zonas rurales.
Hasta 2016, el estudio indica que en Nicaragua entre el 15% y 20% de los hogares tenían acceso a Internet, esta misma proporción la tiene El Salvador. La tasa más alta en Centroamérica corresponde a Costa Rica con 60%, seguida por Panamá con más de 50%. Un 20% de los hogares guatemaltecos accede a Internet, mientras que en Honduras ronda entre el 20% y 25%.
El BID analiza las diferencias en las regulaciones de las TIC (Tecnologías de la Información y Telecomunicación) de cada uno de los países de la región, en relación con la subregión a la que pertenecen (Centroamérica, el Caribe o Suramérica) y América Latina.
Estas diferencias las clasifica en tres: marco legal e institucional, regulación sobre desarrollo y acceso a la infraestructura; regulación sobre competencia y protección al consumidor y políticas públicas para la economía digital. Dentro de estas categorías utiliza 17 indicadores, en lo que los países pueden estar “Retrasado en el cumplimiento, En proceso de cumplimiento y Cumplimiento o nivel avanzado de cumplimiento”.
De acuerdo con el análisis del BID, en ningún país de Centroamérica existe un ministerio/viceministerio especializado en políticas públicas de las TIC.
Además, Costa Rica no cuenta con una regulación de portabilidad numérica de un operador a otro, Honduras y Nicaragua experimentan igual desafío.
El Salvador no ha establecido o utilizado el Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha. Al igual que Guatemala, Honduras y Nicaragua, no cuentan con una regulación para la compartición de infraestructura (uso de infraestructura disponible por los operadores).
Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional.
Los retos guatemaltecos están relacionados con la regulación roaming nacional entre operadores móviles y protección de datos de usuarios de telecomunicaciones.
