Cáritas, Cruz Roja, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la ONCE y una larga lista de entidades de carácter social se han movilizado como si de una campaña electoral se tratara e incluso han habilitado una página web (www.xsolidaria.org). La Iglesia Católica, la otra organización en liza, también ha hecho un llamamiento. El objetivo común es que la mayor parte de andaluces marque en su declaración de la Renta las casillas que obligan a destinar el 0,7% del IRPF a fines sociales.
La Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria ha declinado facilitar los datos correspondientes a Andalucía, pero extrapolando el porcentaje nacional serían en torno a un millón de contribuyentes (1,1) los que obvian esta opción al hacer su declaración de la Renta, teniendo en cuenta que en la campaña anterior se presentaron 3,3 millones. Las motivaciones para hacerlo son diversas. Hay quienes creen que son excluyentes y escogen que el 0,7% de sus impuestos se destine a la Iglesia (13%); otra parte ni siquiera ha considerado señalar una de las dos (33%), bien por desconocimiento o de forma deliberada. Estas decisiones han provocado que casi la mitad de los fondos potenciales queden a disposición del Gobierno, que no se ve obligado así a destinarlo a atención social. Hasta el ejercicio 2016, estas ayudas las gestionaba en exclusiva la Administración General. La fórmula actual fija una gestión compartida entre las comunidades autónomas, que reciben el 80% de lo recaudado, y el Ejecutivo, que maneja el 20% restante. La Mesa del Tercer Sector recordó en la apertura de la campaña de la Renta que dejar en blanco la asignación ha impedido que 13 millones se inviertan en atender a personas vulnerables. En este sentido, insistieron en que las subvenciones se emplean exclusivamente en actuaciones y nunca para sufragar gastos de funcionamiento de las organizaciones.
Andalucía recibió del reparto autonómico el 15% del dinero disponible. Esos 39,2 millones cristalizaron en 710 actuaciones y beneficiaron indirectamente a dos millones de andaluces, según el balance realizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, responsable de realizar la convocatoria. A nivel nacional, se prevé alcanzar los siete millones de personas gracias a la participación de medio millar de entidades a través de 1.300 programas, con un total de 314 millones asignados.
La aplicación para móviles incorporada este año ha supuesto otro obstáculo al no permitir señalar las casillas reservadas a fines sociales.
