El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera ya superó su objetivo de legislatura, un año antes de que concluya, sobre la ocupación de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE).
Así lo destacó el consejero del ramo, Carlos Fernández Carriedo, tras presidir, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, el Consejo Regional de Economía Social.
En este sentido, explicó que en estos momentos ya hay 5.462 personas con una discapacidad severa en los CEE de nuestra Comunidad. Unos datos que según resaltó Fernández Carriedo demuestra «la importancia» del sector, que ha evolucionado mucho desde 1995, año en el que se transfirieron las competencias en esta materia. «Entonces existían 47 centros que daban trabajo a 770 personas, mientras que hoy son 215 los espacios con más de 5.000 empleados, lo que multiplica por siete», subrayó.
El consejero también valoró la capacidad de nuestra Comunidad para incorporar al mercado laboral a personas con especiales dificultades por su discapacidad pero también el esfuerzo presupuestario de la Junta que en 2018 reserva más de 25 millones para la economía social, lo que supone una subida del 4,2 por ciento.
También reconoció las dificultades para la homologación salarial de estos trabajadores con la media, aunque afirmó que se ha avanzado, especialmente los últimos años.
«Es verdad que muchos de ellos tienen como referencia el salario mínimo», declaró Fernández Carriedo, quien añadió que el Ejecutivo autonómico «hace un doble esfuerzo» al financiar los salarios hasta un 70 por ciento en el caso de las personas dependientes severas.
Además, recordó que el salario mínimo se incrementó en los dos últimos años, un 8 y un 4 por ciento, y que en 2020 alcanzará los 850 euros, lo que tiene «un efecto directo» sobre lo que cobran los empleados de los centros especiales de empleo.
El Consejo también sirvió para que Fernández Carriedo realizará un análisis de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que publicada recientemente, y se abordó la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que modifica las condiciones de contratación por parte de las administraciones públicas con las entidades de interés social para la prestación de servicios y adquisición de bienes.
