El PSOE se ha comprometido a ir "más allá de la justicia" si se confirman conductas reprobables en la financiación del partido en la Comunidad Valenciana, el PSPV, porque aunque pudieran haberse cometido delitos ya prescritos los socialistas exigen a sus cargos "máxima ejemplaridad" en el ejercicio de la actividad pública.
En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos ha hecho referencia al auto del Juzgado de instrucción 21 de València sobre la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar, a la que podrían haber recurrido estos partidos para que, a través de facturas falsas, empresas terceras pagaran gastos de la campaña de 2007.
En ese auto, conocido ahora, pero que data del pasado mes de enero, la juez se inhibe en favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para que continúen la investigación. Ábalos interpreta esa decisión como la confirmación de que no ha habido financiación irregular del PSPV", porque si la hubiera habido, sería competente la justicia valenciana. "Parece que no hay trama y no hay financiación ilegal", ha insistido.
En cualquier caso, el PSPV ha creado una comisión interna de investigación sobre los hechos referidos y, en función de sus conclusiones, el partido actuará en consecuencia, sancionando, en su caso, a los responsables de comportamientos "inadecuados". Los trabajos de esta comisión, ha añadido, el PSOE los sigue "con insistencia y preocupación".
En el auto mencionado, la juez pone de relieve "la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación" con la empresa de comunicación Crespo Gomar --que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia--, algunas de ellas solo administrativas pero otras "que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal".
La documentación que motiva la investigación fue aportada por el actual presidente del PP en Alicante, José Císcar. Se investiga, entre otros, contratos adjudicados por los Ministerios de Medio Ambiente y Vivienda en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dirigían por entonces Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, y Beatriz Corredor, miembro de la Ejecutiva Federal.
Ábalos ha confirmado que ha hablado con ellas del tema y que su primera reacción fue de estupefacción. "Estamos hablando de cosas en las que un ministro no está", ha indicado antes de apuntar que la investigación remitida a Madrid sólo afectaría a los departamentos de Vivienda y Consumo, no Medio Ambiente.
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