El Servicio Andaluz de Salud (SAS) implantará el cribado de cáncer de colon en todos los centros de salud de la comunidad autónoma antes de que acabe el año. Éste es el compromiso que expresó ayer la consejera de Salud, Marina Álvarez, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, un encuentro en el que aseguró que este asunto «es una prioridad para nosotros porque es un problema de salud pública importante». De esta manera, la Junta rectifica la posición que fijó la presidenta, Susana Díaz, en el último pleno del Parlamento andaluz. En dicha sesión, celebrada el pasado 22 de marzo, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, instó a Díaz a extender esta prueba a toda la población de riesgo porque «sólo se hace en 25 centros de salud de los 407 existentes en Andalucía, y en 12 de los 46 hospitales públicos». Por tanto, sólo llega al 7 por ciento de la población en riesgo de padecer esta dolencia, «el primer tumor en incidencias y el segundo en mortalidad, pero se puede curar en el 90 por ciento de los casos si se detecta a tiempo».
Díaz, después de reprochar a Moreno su intención de «manosear un asunto tan sensible como el cáncer», se limitó a recordar que Andalucía «está perfectamente en plazo» para cumplir lo que marcó el Ministerio de Sanidad en 2013: un plazo de cinco años para implantar el cribado de cáncer de colon en el sistema sanitario andaluz y otros cinco para su extensión. «Si de usted dependiera, quien se haría esa prueba sería quien tuviera suficiente dinero para pagarla», remachó.
Actualmente esta prueba se realiza en 25 centros de salud y a partir de este mismo mes se llevará a cabo su extensión al primer escalón asistencial de la sanidad pública. A diferencia de otras comunidades donde sí se han adelantado los plazos –como Navarra, La Rioja o la Comunidad Valenciana–, el caso andaluz se caracteriza por tener «una población diana muy grande: dos millones de ciudadanos», subrayó Álvarez, además de señalar que cuando se trabaja con el programa de cribado «se hace con una población sana, por lo que tiene que estar todo muy ajustado y preparado para, cuando la prueba sea positiva, poder actuar de forma adecuada».
Durante su intervención, además de destacar los logros obtenidos en los últimos meses y trazar los objetivos más inmediatos de su departamento, insistió en la idea de que la sanidad pública «no debe ser usada como arma política». «Si no luchamos por ella perderemos la sanidad pública, universal y solidaria que todos queremos para el presente y para el futuro». En este sentido, ante las «múltiples amenazas y retos que está sufriendo y debe sortear», afirmó que «necesita apuesta política, dar respuesta a las necesidades de salud, recursos y ser eficiente en la utilización de los mismos, además de legitimidad de los profesionales y ciudadanos».
Sin embargo, las manifestaciones que se han convocado en el último año en diferentes ciudades andaluzas para reclamar mejoras en el ámbito sanitario han puesto en jaque a la Junta, que ha tenido que cambiar a la cúpula del SAS y a negociar con sindicatos y plataformas, con más o menos intensidad dependiendo del caso. Precisamente, Álvarez se refirió a este extremo, asegurando que las denominadas mareas sanitarias se han comportado «de forma diferente», con reclamaciones particulares en cada ciudad, pero «siempre las hemos escuchado». No aludió, por ejemplo, a las 72 peticiones de reunión de la asociación «Huelva por una sanidad digna», sin éxito hasta el momento. «Es normal que los ciudadanos nos manifiesten sus expectativas, así que hemos trabajado de forma conjunta», subrayó.
El discurso de la consejera no sentó nada bien en el Sindicato Médico Andaluz (SMA). La central criticó su «escasa talla política» y lamentó que de sus declaraciones se desprende «una ausencia preocupante de propuestas concretas y una nula autocrítica». «Sólo se ha limitado a detallar planteamientos ideológicos sin traducción real y se ha olvidado de indicar que Andalucía es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante». Entre otros asuntos, el sindicato echó en falta referencias a la atención hospitalaria, a la «obsolescencia» de las áreas quirúrgicas o a las listas de espera, que «no paran de aumentar».
