La defensa de Antonio Fernández, tras 6 jornadas de interrogatorio y afonía, empieza a remitir a la paradoja del gato de Schrödinger, la teoría cuántica según la cual se puede estar vivo y muerto a la vez (judicialmente en este caso). Más allá de que el propio ex consejero de Empleo en algún momento de su testifical haya recordado su paso por la Administración con expresiones del tipo «cuando yo estaba vivo», su intento de «catenaccio» cae en sucesivas contradicciones. Fernández defendió ayer que las ayudas de los ERE eran «absolutamente iguales» a las del Estado. En una de las alegaciones presentadas ante Instrucción 6 defendió que «las ayudas sociolaborales de autos no presentan identidad ni traen fundamento en la orden ministerial de 5 de abril de 1995 (OM 95)».
En el recurso, con fecha del pasado 22 de enero, se explica que «lo que en el año 2000 se dice por los servicios técnicos de la Consejería de Empleo en el trámite suscrito por el entonces viceconsejero Fernández: que en el Estado existe la OM 95 y que 'no existiendo regulación específica en la comunidad autónoma', ese tipo de ayudas aquí se habrían de tratar como ayudas excepcionales. Si se hubiera entendido que la OM 95 era aplicable o constituía el fundamento de las ayudas andaluzas es obvio que jamás, al mismo tiempo, se hubiera podido sostener –ni por el órgano gestor ni por la Intervención– la tramitación de la ayuda a Hamsa como 'excepcional... al haberse acreditado su interés social y económico', que es lo que se hizo. En el plano dialéctico y en una hipótesis imposible: de haber sido las cosas tal como sostienen aquellas partes procesales, sencillamente se hubiera aplicado la Orden del 95 y no habrían existido las discrepancias con el Interventor (ni existido el caso Ere)». El ex consejero insistió ayer en que el 31L «era un programa más» y lo enmarcó «en el contexto posterior a la crisis post-92». «El desempleo llegó a alcanzar casi el 34% del total nacional». «En el 99 ya había convenios de este tipo» para «conflictos aislados», cuando aún no se había producido la crisis de «Santana, Hamsa o el crack de la minería». «Las primeras crisis son de empresas de capital público», lo que implicó «una respuesta social» por su «incidencia en el territorio». «En modo alguno se puede pensar en un procedimiento para obviar la legalidad. En la Junta, es imposible, todo deja huella. Hay un conjunto de funcionarios. No se puede ni pensar en un procedimiento para engañar a nadie», defendió. «No me cabe duda de la legitimidad de las ayudas», apuntó, insistiendo en que «la Dirección de Trabajo daba las ayudas» e «IFA pagaba». «Los sindicatos junto a las mediadoras elegían las aseguradoras». Se trataba, expuso en contra de su propio recurso de enero, de «medidas similares a las de Administración central» con «la Orden del 95». «Si no fuera por la diferencia en los fondos, eran absolutamente iguales, partían de la misma naturaleza, filosofía, era igual el órgano concedente, igual de publicidad, de no concurrencia, discrecionalidad. Era prácticamente la norma habilitante de la que se inspiró la Junta. Era diferente en cuanto a que los fondos de la Junta eran propios y no de Madrid», alegó, diferenciando de «la Orden del 94», «más aplicable a empresas solventes» al ser «fondos transferidos». «Las ayudas de la Junta son comparables con las de 95, no con las del 94», indicó, hablando de «nuestra fuente inspiradora». El objetivo era crear un «puente digno hasta la jubilación» y «garantizar rentas suficientes a ciudadanos, familias y territorios». Las ayudas, explicó Fernández, eran «de 1.300-1.400 euros al mes más el convenio con la Seguridad Social (SS) para percibir la jubilación». La prima de la póliza la paga «por delegación del trabajador la compañía de seguros». A la aseguradora «le paga el IFA». Este sistema «aseguró el destino e interés social y la finalidad pública, era la garantía de que se hacían la pólizas y el sistema detectaba cualquier otro alta del beneficiario». De cada ayuda, en función de la renta y el convenio, entre un 15 y 18% era para la SS, por lo que «unos 140-150 millones, de los 741 millones «que se me han imputado a mí íntegramente» –dijo–, fueron transferidos y abonados a la Tesorería General de SS». Fernández cifró en unos 6.300 beneficiados y aludió a «la aceptación total en el Parlamento», donde «nunca hubo una crítica política o técnica». Igual que «del Gobierno de la Nación, en ningún periodo ni por el color de ninguno. Y en muchos conflictos hemos colaborado económicamente», señaló, apuntando, «el más importante», el de la Faja Pirítica.
El Decreto 4/2012 «vino a adaptar a la nueva realidad de 2012, haciendo una mirada retrospectiva y recogiendo el 99% de ayudas de 1999-2010, afrontando su pago. Fue una actualización de la década anterior». «Se refrendó, asumió y siguió pagando» las ayudas, incluidas las puestas en entredicho. ¿Los intrusos? «No sé si es invención social o mediática». «Siempre he dicho que no hay ERE irregulares, todos eran legales. Otra cosa eran las pólizas de rentas. Cuando se abordaba la conflictividad, los sindicatos planteaban que no sólo afectaba a empresa sino a auxiliares». Esos trabajadores «no estaban en el ERE pero sí en la póliza porque sufrían las mismas consecuencias». «No son intrusos. La Justicia los ha considerado sujetos con derecho a percepción de la renta», defendió, cifrando en «no sé si 15, 12 o 18 pero en ese número, no más» los verdaderos intrusos. Fernández cifró en alrededor de «un 0,2%» las irregularidades, asegurando que «el 99,5%» de las ayudas respondieron a «una finalidad pública legítima». «Siempre he presumido de la legalidad y rectitud de estas ayudas», aseveró, apuntando a «la inercia de la administración y a que era una materia laboral la tranquilidad jurídica de todos los gestores», defendió, remitiendo, en este caso, de la paradoja del gato de Schrödinger al proverbio que Deng Xiaoping enseñó a Felipe González: «Gato negro o gato blanco, lo importante es que cace ratones». «De existir algún vacío hubiese reaccionado el conjunto de poderes y contrapoderes de la Junta», subrayó Fernández.
