La huelga promovida por los sindicatos franceses entre las seis y media de la mañana de ayer y la misma hora de mañana en su centro de control aéreo de Marsella está impactando de forma significativa en algunos aeropuertos españoles. Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat fueron los aeródromos en los que ayer se registraron más retrasos y cancelaciones, mientras que los efectos de la misma también se dejaron notar de forma importante en los de Gerona, Palma de Mallorca, Valencia y Alicante, según informó a través de twitter Enaire, la compañía que gestiona la navegación aérea en España.
A pesar de los trastornos ocasionados por los paros de sus compañeros franceses, los controladores españoles no ofrecieron información alguna para explicar a los viajeros las causas de lo ocurrido, como se encargó de destacar Enaire en twitter.
Las huelgas de controladores aéreos tienen importantes implicaciones más allá del país en el que son convocadas debido a los miles de vuelos internacionales que hay a diario. En España, la última data de diciembre del año 2010. Entonces, entre los días 3 y 4 el caos aéreo que se generó por el abandono masivo por parte de los controladores de sus puestos afectó a 700.000 pasajeros y más de 5.000 vuelos de diversas nacionalidades. Los controladores aseguraron que no dejaron sus puestos en señal de protesta por los cambios en sus condiciones de trabajo introducidas meses antes por Fomento. Según su versión, lo hicieron porque habían cumplido con las horas de trabajo que les permitía la legislación. La situación de descontrol que generó su marcha llegó a tal extremo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declaró el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia española y militarizó las torres y centros de control el viernes 3 de diciembre.
El caos, que dio la vuelta al mundo, no sólo tuvo un evidente coste reputacional y económico para España sino que ha terminado también por pasar factura a los controladores. Miles de viajeros afectados los llevaron a los tribunales y aunque la mayoría de procesos se resolvieron a su favor, dos, uno en Palma y otro en Madrid, siguen activos, aunque están próximos a su resolución a cambio de que los controladores pasen por caja. Usca, el sindicato mayoritario del sector, llegó en febrero a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para indemnizar con 15 millones de euros a los afectados. En virtud de este pacto, los controladores que paguen reconocerán también un delito de abandono de puesto de trabajo, lo que les liberará de una acusación más grave de sedición por la que podrían haber sido condenados a varios años de cárcel.
