Aunque el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) descarta que Carles Puigdemont pueda ser entregado por un delito de rebelión –al no apreciar indicios de violencia en los hechos por los que ha sido procesado por el Tribunal Supremo (TS)– los informes policiales remitidos tanto al juez Pablo Llarena como a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela insisten una y otra vez en que el proceso independentista estuvo salpicado de centenares de actos violentos. Hasta 315 episodios de «violencia y agresión» en poco más de dos meses (entre septiembre y noviembre del pasado año) ha detallado la Guardia Civil en uno de sus últimos informes, desglosados en 193 cortes de carreteras o vías férreas y 122 «actos de agresión, daños, así como de grave resistencia o amedrentamiento» a los agentes.
Los puntos álgidos de esa sucesión de hechos en los que el juez Llarena sustenta la supuesta comisión de un delito de rebelión son el asedio a la sede de la Consejería el 20 de septiembre del pasado año para impedir los registros judiciales (la comitiva al completo no pudo abandonar el edificio hasta bien entrada la madrugada); la jornada del referéndum ilegal del 1-0; la huelga general en Cataluña 48 horas después y la posterior jornada de paro del 8 de noviembre (en la que se responsabiliza a los CDR, los comités de defensa de la república, de «sabotajes simultáneos»), así como los escraches en varios municipios a las Fuerzas de Seguridad desplazadas a la comunidad autónoma para impedir la celebración de la votación soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
En uno de esos informes, el Instituto Armado sostiene que «si bien la violencia no era uno de los componentes imprescindibles» del proceso independentista, su hoja de ruta (el documento Enfocats intervenido al número dos de Oriol Junqueras en Economía, Josep Maria Jové) «preveía un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano orientado a generar inestabilidad política y económica» que forzara al Estado a negociar.
En el citado registro judicial de la sede de Economía –en cuyos aledaños se concentraron alrededor de 60.000 personas–, los informes dejan constancia de que alguno de los congregados «pincharon ruedas» y «destrozaron diversos vehículos» de la Guardia Civil, con la «voluntad declarada de impedir la libertad de movimientos de la comitiva judicial y los agentes». Una concentración que, recalca el Instituto Armado, no se puede afirmar que se desarrollase «únicamente en términos pacíficos». De hecho, responsabiliza a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis» –en prisión desde el pasado 16 de octubre– de «alentar a las masas» para que la movilización, con la consiguiente fuerza intimidatoria, «no se detuviera».
Ya en la jornada pseudoelectoral del 1-O, los investigadores sostienen que los agentes tuvieron que hacer frente «a grupos muy numerosos de personas, perfectamente organizadas y mostrando una actitud muy violenta» (una «violencia compulsiva acompañada de gritos e insultos», patadas a agentes y «lanzamiento de sillas y piedras») que contaban con el apoyo «logístico y humano» de la Generalitat. «Los verdaderos agitadores» de masas fueron, dice la Guardia Civil, ANC y Òmnium Cultural con el respaldo «de otros grupos de carácter radical» como los CDR. De hecho, desde Òmniun se instó a «no dejar salir» a los agentes si requisaban las urnas (tal y como consta en los correos intervenidos a la asociación soberanista).
Otro de los focos donde se produjeron episodios violentos según los informes policiales fue la huelga general del 3 de octubre, que «no fue convocada en favor de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza» secundado por el Govern. La escena se repetiría un mes después, en el paro del 8 de noviembre, pero esta vez los CDR recogerían el testigo de las entidades soberanistas. Sólo en esa jornada, se contabilizaron, según los propios Mossos d´Esquadra, 77 cortes de carreteras y de vías férreas, incidentes que la Guardia Civil califica sin ambages de «carácter violento». En Barcelona, detallan en uno de sus informes, grupos de piquetes «ocuparon intermitentemente» algunas grandes arterias de la ciudad, provocando momentos de «tensión con algunos conductores».
Los investigadores tienen claro que se sometió a los agentes a «un incesante acoso» valiéndose de la población para alentar «actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima», ocupando carreteras y calles y «bloqueando» edificios públicos. Actos, en definitiva, «de violencia material y física».
