Amparado en la independencia de su justicia, el gobierno alemán se mantuvo al margen del proceso judicial de Puigdemont. Hasta ahora. La decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de no extraditar a España al ex presidente catalán por el delito de rebelión y dejarlo en libertad pero sobre todo, el respaldo de esta actuación por parte del ejecutivo germano, ha provocado el primer choque diplomático entre Berlín y Madrid. La ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, calificó a última hora del viernes de «absolutamente correcta» la decisión de la justicia de su país en el caso del ex presidente y señaló que España tendrá que explicar ahora por qué lo acusa de malversación, algo que cree que «no será fácil». Si el Gobierno de Mariano Rajoy no justifica esta petición, aclaró, «se levantará la orden de detención». «Entonces Puigdemont será un hombre libre en un país libre, es decir, en la República Federal alemana», zanjó en declaraciones al diario alemán «Süddeutsche Zeitung».
Barley es el primer miembro del Gobierno de Angela Merkel que respalda abiertamente esta decisión judicial, lo que ha generado malestar entre el Ejecutivo de Rajoy. Aunque admiten que no se trata de una cuestión del Gobierno alemán sino de la justicia de ese país, fuentes del Gobierno español creen que este tipo de decisiones pueden poner en cuestión la naturaleza y el sentido de la Unión Europea, dando más argumentos a los populistas y los euroescépticos que abanderan precisamente ese discurso contra la Unión. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, calificó ayer de «desafortunadas» las declaraciones de la ministra de Justicia de Alemania. El jefe de la diplomacia española dejó entrever de esta manera durante la convención que el PP celebra en Sevilla la sorpresa y el enfado del Gobierno por la reacción de un miembro del ejecutivo de Merkel ante lo que ha sido un fuerte revés para España en la gestión del desafío soberanista.
En cualquier caso, fuentes de Exteriores señalaron a LA RAZÓN que las excelentes relaciones bilaterales que mantienen España y Alemania a todos los niveles gubernamentales no se han visto influidas en lo fundamental por lo que ambos ejecutivos consideran una decisión del poder judicial germano. Entre la administración Merkel y Moncloa existen lazos muy sólidos de cooperación económica y de todo tipo desde 2012, el año negro de la crisis. La relación es estable, y en concreto en el tema de Cataluña, la sintonía es plena por lo que una decisión considerada estrictamente judicial no va a cambiar las cosas. Las delcaraciones de la ministra de Justicia, que pertenece al partido social demócrata alemán, se han recibido con sorpresa pero se achacan a la falta de coordinación de un gobierno de coalición con apenas unos meses de vida.
Por otro lado, fuentes diplomáticas hablan de que es costumbre que se aplique «una cierta reciprocidad» entre los jueces de ambos países y de que la Justicia alemana es de las que más extradiciones pide y de las que más otorga generalmente. Estas mismas fuentes lanzaron la posibilidad de que, de ahora en adelante y tras la puesta en libertad de Puigdemont, pudiera ser que los jueces de la Audiencia Nacional vean desde un prisma diferente las solicitudes de extradición provinientes de Alemania.
