Las últimas acciones de los CDR en distintos puntos de Cataluña, como el lanzamiento de pintura a un concesionario de Mercedes en Barcelona, o las manifestaciones frente al consulado de Alemania y la delegación del Gobierno en la Ciudad Condal, ya fueron criticadas por Moncloa y los partidos constitucionalistas.
Los Mossos han aumentado la seguridad de las sedes del PSC, Ciudadanos y PP en toda Cataluña, además de los domicilios de sus líderes.
Por otro lado, Interior ha recibido peticiones de jueces y fiscales para que se les preste escolta personal, a raíz de las amenazas que de estos comités por las detenciones y encarcelamiento de líderes del procés.
En estas amenazas, el Gobierno y ahora el Ministerio Fiscal han advertido la presencia y actuaciones de líderes de los CDR. De hecho, el auto de procesamiento de los últimos ex consellers enviados a la prisión, dictado por el juez Llarena, recogía un atestado de la Guardia Civil en el que se señala a destacados miembros de estos comités como autores de actos autodenominados de “resistencia pasiva” pero que en la realidad se trataron de incitaciones a la violencia.
Los señalados por el Instituto Armado son Helena Vázquez, del CDR de Sants, Yasmina Argaz, del de Calella, Inma Zapata (Pineda de Mar), el diputado de la CUP Antonio Baños y el activista Pol Castellví, entre otros.
Según ha sabido El Confidencial Digital, la Fiscalía General del Estado ha transmitido a las sedes provinciales de Cataluña las directrices concretas a tener en cuenta para las actuaciones contra los cabecillas de los CDR que han promovido acciones violentas.
Una de las indicaciones es que deben ser los Mossos quienes lleven a cabo las diligencias para investigar a los sospechosos. Serán ellos los únicos competentes para actuar contra los miembros de los comités, y no la Policía Nacional o la Guardia Civil, pese a que ésta última ya ha identificado a algunos líderes que participaron en acciones violentas.
Las mismas fuentes explican a ECD que las diligencias a adoptar contra los CDR son mucho más complicadas que las practicadas hasta ahora contra otras asociaciones independentistas.
Por ejemplo, ha sido más sencillo identificar hasta ahora el papel que han llevado a cabo la ANC y Ómnium en los hechos investigados por el Supremo y la Audiencia Nacional.
Las principales diferencias con los CDR es que las primeras están registradas como tales en departamentos de la Generalitat, según la ley. Ello implica que se cuenta con datos que facilitan sobremanera la investigación policial: una sede social, presidentes, vocales y demás directivos, unas cuentas bancarias que se pueden rastrear, números de teléfono que intervenir, cuentas anuales públicas, contratos de trabajos de empleados, etc.
Por el contrario, con los CDR se carece estas informaciones, ya que se trata de comités constituidos de forma completamente alegal e informal, lo que impide la identificación de sus líderes y de los organizadores de las manifestaciones y eventos. No tienen miembros como tales, sino que aparentemente ciudadanos que lo desean se les unen de forma espontánea para formar parte de sus actividades y se ofrecen para coordinarlas.
Los Mossos tampoco pueden practicar registros en sedes ni requerir a representantes autorizados documentación relevante, porque no se han organizado como una asociación al uso, sino de una manera completamente enfocada a las acciones callejeras y por tanto, cuanto más anónima mejor.
Por tanto, los agentes sólo van a poder practicar “seguimientos individuales” a cada miembro concreto de CDR sobre el que tengan sospechas de haber participado u orquestado actos violentos.
En este sentido, las Fiscalías provinciales catalanas han ordenado a los Mossos que practiquen seguimientos a los cabecillas de los comités o a quienes, por sus actuaciones, puedan ser los cerebros e impulsores de hechos violentos.
Estas labores de vigilancia permitirán identificar y localizar a quienes se hayan hecho, de forma organizada o natural, con el control de los centenares de CDR que se han constituido en Cataluña, prácticamente un comité por municipio, según informan las mismas fuentes a este confidencial.
El objetivo de estos seguimientos es comprobar si los líderes de los CDR diseñaron, coordinaron, realizaron o participaron en el pasado acciones para amenazar a cargos públicos o para sabotear las autopistas de peaje. O si por las diseñan para el futuro.
Además, el Ministerio Público ha encomendado a los Mossos la práctica de pinchazos telefónicos e intervención de redes sociales, desde las que los CDR se comunican con sus simpatizantes. El objetivo es el mismo: conocer acciones pasadas y anticiparse a las futuras.
La mayoría de los comités han abierto cuentas en Twitter, Facebook y Instagram, pero su principal canal de transmisión de convocatorias es Telegram, un sistema de mensajería instantánea que expertos informáticos consideran más segura que otras como Whatsapp.
Los Mossos, previsiblemente la Unitat Central de Recursos Operatius (UCRO), procederán tanto a acceder a dichas cuentas de Telegram, para lo que se necesita una labor informática compleja, así como a efectuar pinchazos telefónicos de los principales sospechosos de los CDR.
Según los resultados de estas acciones policiales, las Fiscalías decidirán las siguientes diligencias contra los dirigentes de los Comités de Defensa de la República, cuyos miembros se han defendido los últimos días de las acusaciones de violencia y han asegurado que se trata de colectivos pacíficos.
