El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, logró ayer dar un anuncio lo suficientemente importante para que el proceso judicial abierto sobre la campaña electoral que hicieron PSPV y el Bloc en 2007 no fuese el único titular de la sesión de control. El jefe del Consell se comprometió a que antes de verano el Consell abrirá el proceso definitivo de negociación con la concesionaria de la gestión del hospital de la Marina, en Dénia (Alicante), para resolver el contrato de concesión de forma anticipada, que expira en 2023.
Esta será la segunda- después del hospital de La Ribera- y la última concesión que se revertirá durante esta legislatura. El presidente explicó que el Consell rescatará todas las concesiones según vayan venciendo, pero también si se producen «situaciones especiales» que, a su parecer se dan en el departamento de La Marina.
Puig respondía así al síndico de Podem, Antonio Estañ, que a la vez que le felicitaba por la reversión del hospital del Alzira, le apremiaba a pisar el acelerador en esta materia.
El jefe del Consell aseguró que la Generalitat quiere acabar con los conciertos en Sanidad, pero «hay que hacerlo con seguridad jurídica y pensando en el interés de los pacientes y con racionalidad».
El compromiso de Puig coincidió con la modificación de la ley de Salud de la Comunitat Valenciana de 2014 que da preferencia a la gestión sanitaria directa y de carácter público, sin excluir la colaboración de la sanidad privada como complemento.
El texto se aprobó con los votos favorables del PSPV-PSOE, Compromís y Podem, y con la abstención del PP y de Ciudadanos.
La ley determina que, solo en casos excepcionales, y cuando se justifique debidamente su estricta necesidad, será posible acudir a la gestión indirecta de los servicios sanitarios públicos, ya que la opción preferente por la gestión pública directa no es por sí misma excluyente.
Contratos independentistas
El diputado popular, Juan José Zaplana, aseguró que esta norma no sirve para nada y puso sobre la mesa las extrañas compañías que sí acepta la Conselleria de Sanidad. Explicó que el Departamento que dirige Carmen Montón trato que Microsoft le solucionara problemas con los historiales clínicos de los pacientes. Esta se negó porque no entraba dentro de las funciones que marca el contrato vigente entre ambos y la única fórmula de llevarla a cabo era mediante un fraccionamiento de contratos.
Sanidad tuvo que recurrir a la empresa Seidor, una firma que según afirmó Zaplana, aparece en distintas informaciones vinculada al cuñado del expresidente Artur Mas e investigada por la organización del referéndum, así como por adjudicaciones y blanqueo de más de 40 contratos por valor de 450 millones.
El popular le instó a responder si esta empresa «es de las buenas o de las mejores» y si este tipo de trabajos suponen una colaboración público privada y por tanto, «hacer negocio con la Sanidad».
