La decisión de la Audiencia del 'land' contradice el criterio de la Fiscalía, que hace un par de días solicitó la tramitación de la extradición a España del expresidente de la Generalitat por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. La solicitud de la Fiscalía entraba dentro de lo previsible ya que el Ministerio Público es el encargado de representar los intereses del país solicitante de la entrega, es decir España, en este tipo de procedimientos. Por ello, la Fiscalía asumía plenamente los argumentos expuestos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en su auto de procesamiento considerando que "la acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos".
El requisito de que se haya producido violencia es exigible tanto para que se aplique el tipo penal de la rebelión en España como para que pueda prosperar una acusación de alta traición, que sería el equivalente en el Código Penal alemán. Llarena lo consideraba probado por el hecho de que los dirigentes del ‘procés’, con Puigdemont a la cabeza, hubieran seguido adelante con sus planes de celebrar el referéndum ilegal después del violento asedio a la consejería de Economía que se produjo el 20 de septiembre de 2017, durante los registros que llevó a cabo la Guardia Civil.
Sin embargo, en el comunicado de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible" desde el punto de vista jurídico porque no se cumple el requisito de la "violencia". El tribunal alemán sí cree que puede ser aceptado el delito de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. La Audiencia, eso sí, descarta que Puigdemont corra riesgo de persecución política, tal y como afirmaba su defensa para argumentar el rechazo a que fuera juzgado en España. Y aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros.
La cuestión es que la decisión de la Audiencia tiene dos consecuencias, una jurídica y otra política, igualmente inquietantes para quienes gestionan cada uno de esos dos planos. Por un lado, se va a dar la paradoja de que los dirigentes del ‘procés’ que están encarcelados en España sí sean juzgados por rebelión, con el riesgo de la consiguiente condena por dicho delito, mientras que el político al que tanto el juez Llarena como la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sitúan en la cúspide de la trama criminal organizada para conseguir la secesión de Cataluña se sentaría en el banquillo por un delito mucho menos grave.
Lamela ha emitido este jueves el auto de procesamiento de los responsables de la actuación de los Mossos durante el 20 de septiembre y el 1-O y en él coloca a Puigdemont a los mandos de todo el ‘procés’. Cabe recordar que el mantener o no la acusación de rebelión altera sustancialmente el horizonte penal de los investigados. Puigdemont se enfrentaba a una posible pena de 33 años de cárcel, 25 por rebelión y 8 de malversación, que ahora quedan reducidos al máximo de ocho siempre que prospere la acusación por ese delito, que la defensa del expresidente también piensa recurrir. Exultante se ha mostrado el propio Puigdemont en su primer tuit tras conocerse la decisión de la Justicia alemana: "Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!", dice en el apunte, que adjunta una imagen del expresident sonriente y con el pulgar alzado.
https://twitter.com/KRLS/status/981967240093462528
Sus abogados han recibido, de momento, una inyección de moral. "Siempre había dicho que mantenía plena confianza en la justicia alemana", ha escrito en Twitter Jaume Alonso-Cuevillas.
https://twitter.com/JaumeAlonsoCuev/status/981945663176040448
Desde el punto de vista político, la rebaja de las expectativas penales y su puesta en libertad reactiva la candidatura de Puigdemont a la investidura como presidente de la Generalitat. Así lo está destacando ya todo el independentismo, que reclama la investidura inmediata del líder de Junts per Catalunya. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el diputado de la CUP Carles Riera.
https://twitter.com/carlesral/status/981949311201218561
Pere Argonés (ERC) se declara muy contento y añade: "La justicia española ante el espejo".
https://twitter.com/perearagones/status/981942791176679427
Desde JxCat, el diputado y vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha celebrado la noticia afirmando que "en Alemania hay justicia". Y ha añadido: "Un agradecimiento muy especial a las personas que habéis contribuido al fondo que permitirá pagar la fianza. Puigdemont, nuestro presidente. Libertad presos políticos".
https://twitter.com/josepcosta/status/981940882642436097
"La justicia alemana ve clara la desproporción e irracionalidad de los delitos por los que se investiga a los políticos catalanes !! Ellos también ven que en el caso del presidente @KRLS no hay rebelión. Seguimos!", ha escrito la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.
https://twitter.com/martapascal/status/981947566316314624
Puigdemont lleva más de cinco meses fuera de España. Recaló en Bélgica y puntualmente ha viajado a otros países. El pasado 25 de marzo fue detenido en un área de servicio del estado alemán de Schleswig-Holstein en un viaje de carretera desde Finlandia, a donde había acudido para participar en una conferencia. Fue en ese momento cuando el juez Llarena activó la euroorden, que en origen había emitido la juez Lamela y que el magistrado del Supremo desactivó mientras el expresidente no se movió de Bélgica, cuya legislación con contempla ningún delito equivalente a la rebelión del Código Penal español. Lo que Llarena quería evitar a toda costa, el juicio a dos velocidades de los dirigentes del ‘procés’, es lo que va a producirse a tenor de las novedades que se han conocido este jueves.
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