Ambos decretos los firman la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero en la reunión que han celebrado a primera hora la Mesa y Junta de Portavoces, Junts per Catalunya, ERC y CUP han presentado un escrito de reconsideración para que esos dos puntos decayeran del orden del día.
Los tres grupos independentistas han alegado que, según el reglamento, la convalidación de los decretos ley debe ser defendida ante el hemiciclo por un representante de la Generalitat o, en este caso -al no haberse constituido aún un ejecutivo catalán-, del Gobierno central, por lo que al no darse esta situación podría incurrirse en una infracción reglamentaria, por defecto de forma.
JxCat, ERC y la CUP han argumentado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha recibido una comunicación del Gobierno en la que se le informaba que ningún representante asistiría al debate en el pleno, pero la decisión ha sido censurada por el resto de grupos de la oposición -Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PP- que la han atribuido únicamente a "intereses políticos", afirmando además que existen precedentes de convalidación de decretos ley sin intervención de un representante gubernamental.
Por ejemplo, han recordado que la Diputación Permanente -máximo órgano parlamentario entre legislaturas- se reunió el 17 de noviembre de 2017 para validar un decreto ley sobre la prestación económica de incapacidad temporal de los funcionarios de justicia. Desde Junts per Catalunya y ERC, fuentes consultadas de estas formaciones han señalado sin embargo que ese caso concreto estaba "justificado" porque era un momento "distinto", pero que ahora, en virtud del artículo 155, "subsidiariamente" el Gobierno español "debe asumir esas funciones". En cualquier caso, todos los grupos han coincidido en solicitar a los letrados del Parlament que elaboren un informe jurídico al respecto, antes de que finalice el plazo límite para la convalidación el próximo 26 de abril.
Las diferencias expresadas en el seno de la Mesa se han evidenciado posteriormente al inicio del pleno, cuando los grupos han pedido la palabra para referirse a la decisión adoptada. Así, Carlos Carrizosa (Cs) ha ironizado con que los grupos independentistas "se han puesto reglamentistas y legalistas para suprimir decretos ley, pero no para delegar el voto a un prófugo de la justicia", en alusión a Carles Puigdemont; y la socialista Alícia Romero ha acusado a irresponsabilidad a JxCat, ERC y CUP por "anteponer los intereses de partido a los del país".
Especialmente contundente ha sido la portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, que ha dicho "no entender" la decisión. "Hay gente que piensa que se han hecho demasiados gestos simbólicos y no suficientes pasos adelantes. Yo soy de las personas más comprensivas con los gestos simbólicos, pero jugar con la paga extra de trabajadores públicos raya el absurdo", ha aseverado. Y el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha cuestionado al independentismo que exija "todo este procedimiento que lo único que hace es atrasar que puedan recuperar la paga", cuando en noviembre "no pusieron ningún tipo de problema" para aprobar otro decreto ley.
Pero Marc Solsona (JxCat) ha pedido "tranquilidad", asegurando que hay margen para validar el decreto y para que los funcionarios reciban, "sin ningún problema", la parte pendiente de la paga extra: y en la misma línea, Bernat Solé (ERC) ha sostenido que el pago se hará "porque lo decidió la Generalitat antes del artículo 155" y no por la presión "demagógica" de la oposición. Por su parte, Maria Sirvent (CUP) ha defendido que se suprima hoy la votación de estos decretos porque "sin la intervención de quien promulga el decreto se estaría vulnerando nuestros derechos como diputados a tener un debate en igualdad de condiciones".
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