También se desprende del contenido de las comunicaciones la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que “se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura”. Asimismo, continúa el auto, se ha descubierto la utilización de un código propio -“Clave 21”- que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.
De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.
Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.
Las fotografías y los vídeos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, “la actitud de pasividad” de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, “llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil”.
La juez también recoge la declaración de Diego Pérez de los Cobos en la que señaló que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con el auto del TSJC ya que las pautas partían de que si se daban determinada condiciones –si había mucha gente, si había menores o personas mayores, o si eran pacíficos- no se haría uso de la fuerza, por lo que se estaba se estaba configurando el escenario de que, de producirse, imposibilitaría la actuación de los Mossos y su justificación, escenario que se cumplió la mañana del día 1, por lo que “tenían la excusa perfecta para no actuar”.
En su auto, la juez también incorpora el testimonio de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes de la Benemérita a los colegios electorales de “total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración”. También se refiere a las indicaciones que se dieron en los briefings en las que se les prohibió un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la defensa, por lo que muchos agentes optaron por no llevarla.
Igualmente tiene en cuenta la magistrada el análisis de la documentación intervenida el 26 de octubre en el interior de tres vehículos camuflados de los Mossos con 36 cajas con abundante documentación para su destrucción y que ponen de manifiesto que desde la dirección de los Mosssos “se tenía perfecto conocimiento de los riesgos y movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, por tanto de las medidas que eran necesarias adoptar, a todas luces diferentes de las que finalmente fueron adoptadas”.
