En realidad, lo que ha hecho la ONU es admitir a trámite la demanda del diputado y número dos de la candidatura de Carles Puigdemont para que se le permitiera optar a la presidencia instando a la adopción de medidas cautelares para que se garanticen esos derechos pero sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. El soberanismo, sin embargo, prefiere presentar esa medida como un tanto a su favor en el pulso que mantiene con el Estado español. Y en ese pulso ha vuelto a irrumpir el expresidente catalán desde la cárcel alemana en la que se encuentra recluido.
Puigdemont ha enviado una carta a su grupo de Junts per Catalunya para defender que se siga apoyando la candidatura de Jordi Sànchez como president. "Hay que exigir al Estado español el cumplimiento de las medidas de las Naciones Unidas y preservar los derechos del diputado Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña", ha escrito el expresidente. "Hacerlo es un acto de justicia que repara el daño causado por los poderes del Estado español. Hacerlo insta al Estado a comportarse como el resto de países de Europa y a respetar los derechos políticos de todos, incluidos los derechos políticos de las minorías que querría silenciar", añade en la misiva que, paralelamente, ha compartido a través de su cuenta de Twitter.
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"Estamos ante una oportunidad, sin precedentes, que hemos de aprovechar jurídica y políticamente en la defensa de nuestra causa a nivel internacional", destaca el expresidente en su escrito, en el que detalla que la decisión de Naciones Unidas no es una "resolución menor ni trivial sino de gran trascendencia", ya que "todos los Estados que se han adherido" al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "deben cumplir obligatoriamente las resoluciones que dicta el Comité de Derechos Humanos".
A su juicio, "ya que el Estado español no se comporta de manera democrática por propia voluntad, al menos hagamos que responda a las instancias internacionales que tiene la obligación de obedecer en virtud de los acuerdos firmados". En caso de que el Estado "opte por ignorar el derecho internacional y la petición del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas" y persevere en su persecución política e ideológica", remarca Puigdemont, "demostrará una vez más que es capaz de cualquier cosa para alterar el normal funcionamiento de la democracia en Cataluña". "Esta, que es una posibilidad bien real, la deberíamos también aprovechar para la defensa de libertades políticas de Cataluña, sumando a nuestra causa una nueva vulneración de los derechos civiles en nuestro país", apostilla Puigdemont, que dice en su carta que "añora poder hablar directamente" a sus compañeros de grupo.
Sànchez también ha enviado una carta a su grupo parlamentario en la que señala que, tras la admisión a trámite de su demanda por parte del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, "es evidente que el Estado español no tiene otra opción" que respetarla. "No hacerlo sería un escándalo jurídico mayúsculo y evidenciaría nítidamente ante las Naciones Unidas aquello que hace tiempo que denunciamos: que el Estado español no es una democracia consolidada, que los derechos políticos de los adversarios políticos del Gobierno español son vulnerados", añade.
Según Sánchez, el Comité de Derechos Humanos "abre un resquicio y una garantía para poder convocar un pleno de investidura", en el que, ha aseverado, él tiene "plena disposición a afrontar", si así lo suscriben sus compañeros del grupo parlamentario de JxCat. El exlíder de la ANC agradece la "generosidad" de Turull y su "coraje" por presentar su candidatura a la investidura "en un momento crítico políticamente y personalmente", el día antes de ser "injustamente encarcelado".
Turull, por su parte, en la misiva dirigida a Torrent desde la cárcel de Estremera (Madrid), ha anunciado que retira su candidatura "de manera provisional", después de que solo se pudiera celebrar la primera votación de su investidura, que fue fallida, el día antes de su reingreso en prisión, por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El gesto de Jordi Turull permite proceder a la investidura de Sànchez, en lo que sería, según describe el exconseller, "un acto de justicia".
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