Aunque en las últimas horas parece haber remitido la agitación que hubo en la calle tras el ingreso en prisión de los políticos independentistas y la detención en Alemania de Carles Puigdemont, lo cierto es que las autoridades españolas temen que la tensión pueda volver a arreciar en cualquier momento ante el horizonte judicial que espera a los dirigentes separatistas procesados por el «procés». Ante el riesgo de que la intensidad de las acciones de protesta de los Comités de Defensa de la Repúbica se puedan recrudecer ante la eventual extraditación de Puigdemont, el Gobierno ha diseñado un plan de seguridad, cuyo despliegue está previsto desde ayer hasta el 22 de mayo, y que tiene como objetivo, principalmente, proteger los edificios oficiales y las sedes de los partidos políticos.
Como adelantó 24 horas antes el delegado del Gobierno, Enric Millo, este operativo policial se puso en marcha tras percibir un «incremento de la agresividad» en las acciones de los Comités de Defensa de la República y por ello, ahora, destinarán todos los esfuerzos a «reforzar la seguridad de personas o edificios objeto de amenazas e intimidaciones». El Plan Operativo, denominado «Minerva» de los Mossos d’Esquadra estará dirigido directamente por el comisario jefe Ferran López y por un gabinete de coordinación integrado por los máximos mandos del cuerpo. En este plan se explica que los objetivos principales son garantizar la seguridad ciudadana y el desarrollo normal de la convivencia, incrementar y extremar las medidas de prevención y reacción para asegurar la actividad ordinaria en Cataluña y garantizar la coordinación de todos los servicios de Mossos, y se prevé explicar en reuniones de trabajo en las diferentes comisarías.
Se implementa ante el actual clima político y social en Cataluña, y las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya dictado los autos de procesamiento por el 1-O contra políticos independentistas, y haya ordenado en ingreso en prisión preventiva de exconsellers y la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont. Los Mossos admiten que se pueden seguir produciendo movilizaciones y protestas en las próximas semanas que pueden suponer una importante afectación en la actividad cotidiana de la sociedad catalana, y no descartan poder ampliar su duración más allá del 22 de mayo.
Así, este plan se anticipa a posibles movilizaciones y acciones de los CDR en jornadas con presencia masiva de personas como Sant Jordi y el 1 de mayo, y en función del posible desarrollo de la situación política y judicial en Cataluña. Dentro del plan se han diseñado dispositivos específicos de protección de edificios y espacios de la Administración de Justicia (Toga) como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Ciudad de la Justicia y la Fiscalía Superior; de protección de las sedes de partidos políticos (Forum) priorizando los que se consideren más vulnerables. Otro dispositivo es el de protección a sedes de organismos del Estado y las instituciones de la Unión Europea (Estadi) como la Delegación del Gobierno, el Banco de España y la sede de la Comisión Europea, así como las comisarías de la Policía Nacional y la Guardia Civil y las instalaciones militares.
Asimismo, el plan también se centra en la cobertura de las manifestaciones y concentraciones (Atrium) en los que actuarán servicios especializados en orden público.
