Se cumplen ya dos meses de la acampada en la plaza Cataluña de Barcelona, en un principio protagonizada por independentistas partidarios de la creación de la república catalana, a la que en los últimos días se han añadido indigentes, lo que ha provocado más de un roce entre ambas partes. Al parecer, la convivencia no es la más idílica.
De esta manera, la acampada se ha enquistado, sin una solución aparente a la vista. La pregunta obvia es saber a quien corresponde la orden de desalojo. Esta suerte de invasión de este espacio público ya provocó algunas reacciones, entre ellas las del Ayuntamiento de la ciudad.
Competencias
Fuentes municipales señalaron que un eventual desalojo de la plaza correspondería a los Mossos d’Esquadra, no a su propio cuerpo, la Guardia Urbana. Añadieron que se trata de «dos acampadas diferentes, reivindicativas, amparadas en el derecho de reunión y manifestación, y siempre hemos defendido estos dos conceptos». No obstante, dijeron que «este tipo de protestas deben ser temporales y con una duración definida».
Otra reacción llegó desde las filas del PP municipal. Su líder en el Consistorio, Alberto Fernández, exigió ayer al gobierno de Ada Colau que desaloje la acampada, porque, a su juicio, «incumple ordenanzas, es insalubre y genera un ‘efecto llamada’».
El máximo edil popular señaló que «la desidia de Colau por no desalojar la plaza Cataluña está promoviendo un efecto llamada, con un cóctel de independentistas primero, antisistema después, y personas sin recursos ahora».
Insistió en desalojar la plaza y atender desde los servicios sociales a las personas que lo requieran, y también avanzó que pidieron un informe jurídico sobre las razones para no actuar. “Si no hay un aval jurídico que lo justifique, Colau podría estar incurriendo en prevaricación” por incumplir las ordenanzas.
Según las citadas fuentes del Ayuntamiento, «los servicios municipales hacen un seguimiento continuo para que el espacio no se deteriore y se garantice en todo momento la circulación y no se generen molestias al vecindario, haciendo compatible el derecho de reivindicación con el uso del espacio público».
«De hecho, cualquier persona dispone de diferentes dispositivos municipales en la ciudad en los que pueden alimentarse o ducharse, por ejemplo. Este contacto para ofrecer apoyo profesional se hace también con todas las personas que pernoctan en la calle», indicaron.
Desde Ciutadans, su líder en el Ayuntamiento, Carina Mejías, señaló que «una acampada de estas características, en pleno centro, y en plena temporada turística, es el escaparate del fracaso estrepitoso de la política social» del gobierno de Colau.
Por su parte, el equipo de la Síndica de Greuges de Barcelona visitó ayer la acampada, y recomendó al Ayuntamiento que «puedan ser escuchadas por el consistorio y reciban la atención social necesaria», según informaron en un comunicado.
Bajo el nombre de Acampada x Derechos, 39 tiendas de campaña acogen, además del asunto separatista, a personas que reivindican el acceso a derechos sociales básicos, como la vivienda digna y la sanidad.
En su nota, la defensora de los derechos de los ciudadanos en Barcelona explica que los integrantes de esta acampada reconocieron que los servicios sociales se interesaron por ellos, así como cuerpos policiales, entidades sociales y representantes políticos.
Aún así, pocas horas después de la visita del equipo de la Síndica de Greuges, uno de los portavoces del colectivo Acampada x Derechos formalizó en las oficinas de la Sindicatura una queja sobre la actuación municipal en este asunto y solicitó la intervención de la Síndica.
