Como viene siendo habitual desde que Emmanuel Macron llegó al poder, las reformas se suceden una tras otra. Ayer, el primer ministro, Édouard Philippe, presentó el nuevo campo de batalla en el ámbito institucional. La reforma de las instituciones va a concretarse en tres apartados. Una ley ordinaria fijará una dosis de proporcionalidad en las próximas legislativas, y establecerá un nuevo mapa electoral. Un 15% de los escaños se elegirán por este sistema. Una ley orgánica establecerá el recorte del 30% de los diputados y senadores.
Y una revisión de la Constitución permitirá suprimir el Tribunal de Justicia de la República (creado en 1993 para juzgar a los miembros del Gobierno por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones), poner fin a la presencia por derecho de los antiguos presidentes de la República en el Consejo Constitucional y mencionar de forma explícita a Córcega, como prometió Macron a los líderes corsos.
La ley no será presentada hasta el 9 de mayo en Consejo de Ministros, pero la polémica entorno a la reforma de la compañía de ferrocarriles y las huelgas que se encadenan exigían pasar página y posar la vista en otro tajo. El Gobierno francés está perdiendo esta batalla de la comunicación.
A pesar de los fuertes inconvenientes que sufren los usuarios, con horas perdidas esperando el tren, aglomeraciones en los andenes, o anulaciones de citas de trabajo, comienza a tomar fuerza lo que comenta Elise mientras esperaba pacientemente su tren en la Estación de Saint Lazare: «Es importante que la gente se movilice para poder salvaguardar lo que todavía queda del estado social francés».
Un sondeo publicado por BFMTV revela que la opinión de los franceses ha cambiado de campo en sólo dos semanas y las cifras publicadas ayer indican que el 44% de la población aprueba la huelga de la SNCF frente al 41% que se opone. El Ejecutivo siente que la protesta coge cuerpo. Por ello, el primer ministro ha optado por anular un viaje a Mali previsto para este fin de semana. Philippe ha preferido quedarse en París para poder seguir de cerca la segunda ola de paros de trenes que comienzan el domingo. También el partido gubernamental, La República en Marcha, está movilizando a sus militantes, a los que ha enviado un email con los datos y argumentos para «restablecer los hechos» entre sus familiares y amigos, para intentar convencerles de que esta reforma «no es la privatización de la SNCF», «no acaba con el servicio público», «no supone el cierre de los trayectos pequeños» o «no estigmatiza a los conductores de trenes».
Mientras, otra movilización preocupa más al Gobierno, la de estudiantes universitarios, que sigue también su curso. Se oponen a la Ley de Orientación y Exito de los Estudiantes, que modifica las condiciones de entrada a la universidad. Una quincena están bloqueadas para exigir que se mantenga el sorteo para entrar en la universidad en lugar de que sean éstas quienes evalúen las candidaturas de los futuros alumnos. El Gobierno insiste en denunciar una «campaña de desinformación».
