A pesar de que el Gobierno anunció que iba a estudiar utilizar el artículo 155 para convertir el castellano en lengua vehicular en Cataluña para el próximo curso, finalmente «la preinscripción escolar no incluirá una casilla con la opción para estudiar en castellano» en esta comunidad, tal y como aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Educación.
El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó este miércoles la resolución de las normas de preinscripción y matrícula escolar. En ella «no se hace ninguna referencia a la casilla del castellano ni a ningún tema lingüístico», precisaron desde la Consejería de Educación, que hicieron hincapié en que aún no tienen la hoja de inscripción, que estará disponible en breve dado que el periodo de preinscripción es del 13 al 24 de abril. En cualquier caso, desde el Ministerio aseguraron que los padres no van a poder elegir la casilla del castellano: «Tras el estudio de esta fórmula, los servicios jurídicos del Estado nos han dicho que no se puede incluir la casilla del castellano por la ley catalana en materia educativa», explicaron en referencia a la Ley 12/2009 que aprobó el Parlament.
Entonces, ¿cómo garantizará el Gobierno central el castellano? Pues ése es el problema, que los padres que quieran que sus hijos estudien en esta lengua vehicular se podrían quedar en un limbo, dado que si la opción de la casilla en castellano no se puede hacer, la «fórmula Wert» –la ayuda de 6.000 euros para aquellos padres que querían escolarizar a los hijos en castellano– fue, a su vez, declarada inconstitucional.
De ahí que las familias de casi 300 niños teman tener que volver a las escuelas donde sólo se escolariza en catalán. Tal y como ya publicó este periódico, en los tres últimos cursos, 200 alumnos, según los datos de la Alta Inspección del Estado, han estudiado en centros privados con cargo a la Generalitat vía «cheque Wert». Y los padres de otros 98 iniciaron el procedimiento en septiembre. Y serían muchas más familias a las que realmente les gustaría poder marcar la casilla del castellano, si no conllevase significar a sus hijos, tal y como explicó en su día Antonio Jimeno, presidente de AMES, uno de los sindicatos de profesores promotores de la iniciativa de «Change.org» para «que el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza». Una medida que no tenía nada que ver con el artículo 155, sino con la ley de 2013.
«El Gobierno tiene que respetar y acatar la sentencia del Tribunal Constitucional» del 20 de febrero, «y la Generalitat tiene que respetar y acatar las sentencias que obligan a impartir un 25% de las clases en castellano», recordaron desde el Ministerio. «El Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña ni de ninguna comunidad a través del artículo 155», añadieron. ¿Entonces? La única vía es que la Generalitat y los centros apliquen las sentencias. Otra opción: lograr «un cambio en la ley de Educación catalana», aunque para ello primero tiene que haber un Gobierno.
