La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió ayer que se incrementasen las penas a cuatro de los once condenados, entre ellos tres ex altos cargos de la Consellería de Turismo de Valencia, por el denominado «caso Fitur», vinculado a la «red Gürtel», al considerar que integraban una «trama que se dedicó a saquear las arcas públicas» y que las contrataciones de la Consejería de Turismo para el expositor de la ComunidadValenciana en Fitur entre 2005 y 2009 estaban «teledirigidas para beneficiar al grupo de empresas de Correa». Las defensas, por su parte, pidieron la nulidad de la sentencia condenatoria y, en el caso de la ejercida en representación de Álvaro Pérez, «El Bigotes», que se repitiese el juicio al considerar que los tres magistrados que dictaron la sentencia estaban «contaminados» al haber resuelto previamente los recursos de apelación contra los autos de transformación en Procedimiento Abreviado. En este procedimiento, Francisco Correa y Pablo Crespo fueron condenados a 13 años de prisión, y Álvaro Pérez, a 12. Son los tres únicos condenados que permanecen en prisión por esta causa.
En su intervención, el fiscal Javier Zaragoza solicitó que se rechazasen todos y cada uno de los recursos de los condenados, quienes sostuvieron los mismos en buena parte por las intervenciones de las comunicaciones que ordenó el entonces juez Garzón en la prisión entre los letrados y quienes entonces se encontraban en prisión. En este sentido, el representante del Ministerio Público aseguró que dichas grabaciones «no han tenido ninguna influencia ni en la investigación ni en el procedimiento ni en el enjuiciamiento». Junto a ello, destacó que los principales responsables de la «trama Gürtel» no eran los únicos responsables de los amaños en la contratación, ya que tenían estrechas relaciones con políticos valencianos. Sobre todo, dijo, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez «El Bigotes» con la ex consejera de Turismo y ex presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y con su jefe de Gabinete, Rafael Betoret. Estos dos últimos fueron igualmente condenados en esa causa.
Por su parte, la defensa de Francisco Correa, ejercida por el letrado Juan Carlos Navarro, pidió la nulidad del juicio por entender que la prueba principal de cargo fueron las grabaciones y escuchas realizadas por la UDEF, la cual procedió, según señaló, a «seleccionar» la documentación que posteriormente puso a disposición de las autoridades judiciales.
Junto a ello, la defensa de Álvaro Pérez, representada por el letrado José Javier Basallo, pidió la nulidad de la sentencia o, alternativamente, la repetición del juicio, al considerar que los magistrados que la dictaron no debieron formar el tribunal que juzgó la causa, ya que resolvieron varios recursos de apelación previos al enjuiciamiento, por lo que ya tenían un conocimiento de la causa cuando se celebró el juicio.
