Melancolía produce el ver que cada día tiene menos influencia en los políticos lo que se escribe en los periódicos y lo que opinan sus compañeros de filas más experimentados. Esta semana hemos tenido una prueba verdaderamente irrefutable. El pasado martes, don Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores, exsecretario general del Consejo de Europa, excomisario europeo, presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas –casi nada– publicaba en estas páginas una luminosa Tercera sobre la Ley de la Memoria Histórica que concluía con un párrafo inequívoco y perfecto compendio de lo que antecedía: «La Ley de Memoria Histórica es una falsedad, un grave error y un mal servicio a España. Estas son mis convicciones en las que deseo permanecer fiel en lo que me queda de vida».
Ese mismo día, el Parlamento de Baleares, aprobaba su propia ley de memoria histórica. Allí gobierna una coalición de izquierdistas y nacionalistas catalanes, así que, en puridad, nada de extraño tiene. Pero lo que convierte este hecho en el acabose es que esa denominada «Ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares» se aprobó con los votos a favor del Partido Popular de Baleares, que preside Biel Company. Esta es una ley perfectamente prescindible por muchos motivos, entre otros porque sólo pretende replicar allí una ley que ya es de aplicación en toda la nación. Ya se sabe lo que les gusta a los parlamentos autonómicos legislar y legislar sobre cosas que ya están legisladas. Y es una ley que el PSOE que gobierna Baleares quiere cambiar y endurecer si vuelve al poder.
Pero la ley balear ha tenido alguna utilidad colateral. Nos ha servido para ser informados de que el PP, después de no haber considerado necesario derogar la ley de amnesia histórica zapaterista, ahora está abiertamente alineado con ella al menos en Baleares. Una ley que, por ejemplo, a algunos ciudadanos nos está causando notables perjuicios por el empeño del Ayuntamiento de Madrid de cambiar el nombre de nuestra calle escudándose falsamente en esa ley. O quizá también en Madrid, porque desde el martes pasado no he escuchado ninguna salvedad o reproche del PP nacional a la actuación de sus hombres en Baleares. Pero ¿a quién puede sorprender eso? Martínez-Maíllo está demasiado ocupado persiguiendo y denunciando a ABC como para atender minucias como la Ley de la Memoria Histórica y la deriva catalanista del PP balear.
Ayer mismo el «Diario de Mallorca» (Grupo Moll) publicaba un análisis en el que se explicaba cómo el PSOE quiere a Biel Company como candidato a la presidencia de Baleares, razón por la cual se abstienen de hurgar en sus puntos débiles. Lo quieren como rival, porque es el más débil de cuantos pueda oponer el PP a la presidenta balear Francina Armengol. «El PSOE balear desea a Biel Company encabezando la candidatura del PP; de ahí que se guarde el material desestabilizador. Cualquier otra u otro, se aduce, es más peliagudo que Company».
Esta semana el discurso del diputado del PP por Tarragona, Alejandro Fernández, en el Parlamento de Cataluña se ha vuelto viral. Hablaba sobre convivencia y parlamentarismo al hilo de una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos. Ese discurso de apenas cinco minutos ha tenido un inmenso impacto porque representa la antítesis del actual discurso del PP balear. Porque el PP de Cataluña ya pasó por ser tibio ante el nacionalismo. Y eso le ha llevado a estar donde está: en la marginalidad. Pero el PP de Baleares sigue la ruta que antaño hollaron sus socios catalanes, impasible el ademán.
