La investigación por presunta cesión ilegal de trabajadores en el seno de la izquierda abertzale no solo afecta a Bildu y a Amaiur -marca con la que operaron en el Congreso y en el Senado entre 2011 y 2015- sino que también implica directamente a Eusko Alkartasuna (EA).
La investigación ha sido promovida por el Tribunal de Cuentas (TCu). Como desveló ABC a finales de febrero, acusa a Amaiur de haber cedido ilegalmente a EH Bildu a 60 trabajadores. Los contrató Amaiur y los costeó con más de 600.000 euros procedentes íntegramente de fondos estatales -las subvenciones políticas que recibió-. Sin embargo, en realidad todos ellos trabajaron para Bildu, no para Amaiur, según el TCu.
Pero el entramado no quedó ahí. El Tribunal de Cuentas ha detectado que en la misma práctica incurrió Eusko Alkartasuna, que a su vez forma parte de la federación EH Bildu. Según consta en los informes del TCu, en septiembre de 2015 EA «contrató a siete nuevos trabajadores que, en realidad, prestaban sus servicios para la federación EH Bildu y, además, a partir de dicha fecha, cinco trabajadores de EA comenzaron a prestar sus servicios en la federación EH Bildu», lo que «pone de manifiesto una cesión ilegal de trabajadores». En total, según el TCu doce trabajadores ilegalmente cedidos por Eusko Alkartasuna para beneficiar a EH Bildu.
El Tribunal de Cuentas puso todos estos hechos en conocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lo hizo el pasado 15 de enero, con el fin de que fuera la Inspección de Trabajo (estatal) la que persiguiera esas supuestas cesiones ilegales de trabajadores. Sin embargo, fuentes del propio TCu han indicado que, finalmente, el Ministerio de Empleo se ha inhibido en favor de la Administración vasca. En cumplimiento de las competencias que tiene asumidas el Gobierno vasco, serán sus propios servicios de inspección en materia laboral los que se encargarán de dilucidar y, en su caso, exigir responsabilidades por esas prácticas en las que incurrieron Amaiur, EA y EH Bildu.
La cesión ilegal de trabajadores está calificada como infracción muy grave. La multa que lleva aparejada está entre un mínimo de 6.251 euros y un máximo de 187.515 euros.
