La plancha humea con pupusas, el plato nacional de El Salvador, en el restaurante Gran Villa, en Brooklyn. «Revueltas, con loroco [una flor comestible típica], con chicharrón». Toni, el dueño, canta las especialidades de la casa mientras las voltea. El local está en una esquina decrépita de Sunset Park, uno de los barrios latinos de la ciudad, con las aceras abandonadas y plagadas de charcos de agua de lluvia negra y bajo el bramido constante de una autopista elevada. Es uno de los restaurantes frecuentados por la pequeña comunidad salvadoreña del barrio, mucho mayor en los suburbios de Long Island y de New Jersey. Ellos han sido protagonistas, contra su deseo, de uno de los últimos embates de Donald Trump contra los inmigrantes. El pasado enero, su Gobierno anunció el fin de un programa temporal de residencial legal para en torno a 200.000 salvadoreños, que empezaron a beneficiarse de ese estatus después de que dos terremotos devastaran parte del país en 2001.
Toni dice que a él no le afecta. Llegó a EE.UU. hace 34 años y sus papeles están en regla. Pero sí a muchos de sus clientes, que llevan quince o dieciséis años en EE.UU. y se enfrentan a una encrucijada: quedarse donde están como indocumentados o regresar a un país descosido por la violencia y la pobreza. «En este tiempo, la situación en mi país ha empeorado, no ha mejorado», explica Toni. ¿Qué va a ser de esta gente? ¿Qué estabilidad van a tener? No hay seguridad, es como durante la guerra civil», dice sobre el momento que vive El Salvador.
Los permisos de residencia TPS (Estatus Protegido Temporal, según sus siglas en inglés) han sido ofrecidos por EE.UU. a ciudadanos de países destrozados por desastres naturales, guerras y otras situaciones «extraordinarias». La Administración Trump considera ahora que los efectos de los terremotos de El Salvador en 2001 ya se han superado y que el estatus protegidos de estas personas ya no tiene justificación. Eso a pesar de que El Salvador es uno de los países con mayor índice de violencia del mundo, dominado por bandas criminales como las maras y por la corrupción gubernamental. El año pasado, ya acabó con esa protección para inmigrantes similares de Haití, Nicaragua y Sudán. Quedan otros seis países con los que el programa sigue vigente.
«Es más peligroso volvernos para allá que quedarnos aquí sin papeles», asegura Yamileth, que regenta otro restaurante salvadoreño en el mismo barrio. Su padre, su tío y varios primos llegaron como parte del TPS. Ella ni siquiera tiene sus papeles en regla. Su marido sí es residente, gracias a un matrimonio anterior con una ciudadana estadounidense. «La gente tiene miedo a regresar», confiesa con su hijo de dos años en brazos y otro que viene de camino. «Llevan aquí quince años, están desconectados del país. Y allá la gente piensa que llevamos dinero por haber estado en EE.UU., somos presa fácil para la extorsión de las maras». Tienen dieciocho meses, hasta el 9 de septiembre de 2019, para salir del país. Los familiares de Yamileth lo tienen claro: se quedarán. «Cambiarán de dirección y que sea lo que Dios quiera» .
Mano dura
La mano dura de Trump –«el presidente más racista que ha existido», dice Yamileth– contra la inmigración se siente más allá del miedo y la preocupación por tener que salir del país o arriesgarse a ser deportado. Su local también se ha resentido. «Desde que él llegó y empezó a presionar a los inmigrantes el negocio va lento», dice mientras una tertulia en la televisión discute el futuro de Zidane en el Madrid, con el sonido tapado por la bachata que escupen los altavoces. «La gente no quiere venir a cenar, no quiere gastar».
El sentimiento «anti Trump» se comparte en el resto del barrio, no solo entre salvadoreños. El presidente ha llamado «países de mierda» a El Salvador, Haití y otros países africanos que han disfrutado de programas de inmigración. «Lo que está haciendo es un desastre para EE.UU.», opina Andrés, mexicano, que se resguarda de la lluvia bajo un toldo de una tienda. «Los latinos somos los que damos la fuerza a este país, hacemos el trabajo duro que otros no quieren, en la construcción o en el campo». Lizette, hondureña, suspira cuando se le recuerda el último insulto presidencial. «No sé si lo hace por hacer daño o por desconocimiento. Quizá por las dos cosas», dice.
