El Gobierno que preside Ximo Puig ejecutará este domingo la decisión de mayor calado político de la legislatura. El Ejecutivo formado por el P
SPV-PSOE y Compromís con el respaldo parlamentario de Podemos se propuso como objetivos básicos revertir el modelo de gestión privada en centros de salud públicos y la implantación de un modelo educativo con mayor peso del valenciano y recortes en la concertada.
En el segundo caso, el Gobierno se ha topado con los tribunales. En el primero, por contra, está a apenas 72 horas de cumplir uno de sus compromisos electorales estrella.Así, la Generalitat Valenciana recupera a partir del 1 de abril la gestión pública del área de Salud de la Ribera, que atiende a una población superior a las 250.000 personas y que incluye el hospital de la Alzira, y pone fin a una concesión administrativa que se ha prolongado cerca de dos décadas.De hecho, el primer gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, presidido por Eduardo Zaplana, fue quien adjudicó en 1999 a la mercantil Ribera Salud el primer hospital de gestión privada de España que dio nombre a este nuevo sistema de concesión administrativa sanitaria: el modelo Alzira.
En síntesis, se trataba de ceder la gestión de unos servicios sanitarios públicos a una empresa privada a cambio de un canon anual con el objetivo de mejorar las prestaciones. La empresa, de hecho, sostiene que ha propiciado un ahorro de cincuenta millones de euros anuales a la Generalitat.
Este domingo expira la concesión, que no ha sido renovada. Cuando formó su Gobierno, Ximo Puig introdujo el «apellido» de Pública y Universal a la Consejería de Sanidad. Toda una declaración de intenciones que se plasmó en las Cortes Valencianas el 16 de septiembre de 2016, cuando con un año y medio de antelación, anunció que el contrato no se renovaría.
Desde entonces, Ribera Salud ha acudido en nueve ocasiones a los Tribunales para tratar de impedir esta reversión, que han sido desestimadas. A partir de este domingo la gestión de La Ribera será pública directa en lugar de por concesión administrativa, con lo que el personal del departamento será asumido por el sistema público de salud. La Conselleria de Sanidad se subrogará en todos los contratos vigentes a 1 de abril de 2018, en los mismos términos y condiciones, con la relación de personal laboral a extinguir.
El decreto aprobado la pasada semana por el Gobierno valenciano también marca que los trabajadores mantendrán sus derechos de jurisdicción y negociación, mientras que el acuerdo garantiza las retribuciones, tanto las derivadas del convenio colectivo con la empresa como en contratos individuales.
Para la puesta en marcha del modelo, la Generalitat desarrolló una nueva ley aprobada a nivel nacional en abril de 1997 por el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, con el apoyo del PSOE, CiU, CC y PNV y el voto en contra de IU y BNG, que permitía nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En 2012, el PSOE propuso su derogación.
Este modelo, basado en el pago capitativo por cada uno de los 256.000 pacientes de su área, ha sido gestionado por Ribera Salud UTE y el 96% del accionariado es de Ribera Salud, un 2% de Lubasa y otro 2% de Dragados.La Comunidad Valenciana se convertía así en el «laboratorio» para implantar este modelo de privatización que después se extendió a otros hospitales como Manises, Dénia, Elx-Crevillent, Vinalopó y Torrevieja, e incluso se implantó en otros puntos de España.
La consejera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, declaró la guerra al modelo el mismo día en el que recibió el traspaso de las competencias, en un acto donde dijo que rescindiría todos los conciertos sanitarios «posibles». Desde entonces se han sucedido los recursos de la empresa concesionaria contra la Generalitat, alrededor de medio centenar, para denunciar la «improvisación y falta de planificación» con la que a su juicio la Conselleria está llevando a cabo el proceso de reversión.
Esta judicialización de la concesión sanitaria no ha hecho variar un ápice el objetivo del Ejecutivo, que ha seguido con su «hoja de ruta» para devolver al Departamento de La Ribera la titularidad pública.Una decisión que para Javier Palau, director gerente del Hospital de la Ribera, no será el fin de este modelo concesional de gestión indirecta pero sí un «pasó atrás» porque será volver al modelo tradicional y conservador de hace dos décadas. A su juicio, La Ribera no es un hospital comarcal sino de «primer nivel», donde se han invertido ceca de 143 millones de euros, todo se ha hecho con un «alto grado de eficiencia» y el modelo, añade, ha proporcionado a la Generalitat un ahorro de unos 50 millones de euros anuales.«El modelo Alzira ha sido referencia como caso de éxito pero no ha sido valorado», según Palau, quien recalcó que desde Ribera Salud se ha tratado de «exportar un modelo que se considera claramente valenciano».
