Actuar es la consigna. La polémica surgida en torno al sistema para dar altas laborales que «bordeando la legalidad» para algunos se ha implantado en la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI) de Sevilla ha llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz. La Opción 0. A. D. D. D. C. (Asociación de Defensa y Desarrollo de los Derechos Civiles) le ha remitido un escrito, al que tuvo acceso LA RAZÓN, en el que tras exponerle el asunto e informarle de la proposición no de ley ligada al mismo que se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica el pasado 1 de marzo, a propuesta del Grupo de IULV-CA, realizan al Defensor, Jesús Maeztu, una batería de peticiones. En primer lugar la asociación demanda que se investigue para «instar a la restitución general de
los derechos constitucionales y estatutarios de todas las personas afectadas» por el cuestionado procedimiento de altas tras una incapacidad temporal y, en particular, que se atiendan los casos vinculados a su queja. Pretende además que el Defensor impulse las «recomendaciones y acciones necesarias» para adaptar la legislación que se está aplicando en ese ámbito y que entienden «preconstitucional» a «la normativa actual de desarrollo constitucional que garantiza el ejercicio de derechos» de cara a los ciudadanos; y que, por último, dé traslado a la Justicia si a lo largo de su investigación observara «indicios de delito».
