Acabar con la angustia que sufren los padres de personas con discapacidad que se preguntan por el futuro de sus hijos cuando ellos no estén para cuidarlos. Este es el fin último del proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad que aprobó este martes el Consejo de Gobierno de Castilla-la Macha y que incorpora un plan personal de futuro y garantía residencial para los beneficiarios, actualmente unos 35.000 discapacitados gravemente afectados. Así lo explicó la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que presentó junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este proyecto de ley que se remitirá a las Cortes regionales para su trámite parlamentario y aprobación definitiva. Una normativa no solo pionera en España, también en el mundo. «Castilla-La Mancha vuelve a poner sobre la mesa un avance cualitativo en derechos que nos hace sentir orgullosos con esta ley cuyo articulado solo tiene parangón con las legislaciones de países como Suecia o Canadá, y que significa además un paso adelante respecto a la Ley de Dependencia», según dijo García-Page.
«Un ley con alma»
El presidente regional resaltó que es «la ley con más alma que podemos plantear en este mandato y, seguramente, en cualquiera», además de ser «perfectamente asumible en términos económicos». Un blindaje a la protección de las personas mayores de edad con grave discapacidad que tienen limitada su capacidad de decisión y una vanguardia legislativa a favor de los más desfavorecidos que, como ya ocurriera en otras épocas con la aprobación de la primera normativa a nivel estatal en materia de violencia machista y que ahora se pretende aplicar en un futuro tanto a listas de espera sanitarias como a los servicios de Atención Temprana.
Sobre este proyecto de Ley, García-Page dijo que supone un «salto cualitativo de fondo» para la Ley de Dependencia, una legislación que ya en su día situó a España en cabeza, no sólo como potencia económica mundial, sino como «potencia moral».
El presidente regional expresó su deseo de que la ley cuente con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha durante toda su tramitación parlamentaria. «Esta es una ley que no sólo va a contar con consenso político, sino que doy por hecho la unanimidad de los partidos en las Cortes», porque «doy por hecho el enorme consenso social que además espero que vaya abriendo brecha en España».
García-Page valoró también el componente de blindaje que la aprobación definitiva de la ley imprimirá a este derecho «incluso ante los jueces» y «sin excusa presupuestaria o de recurso público»; una cobertura que, reiteró, formará parte de las prestaciones y servicios que se protegerán con su inclusión en una futura reforma del Estatuto de Autonomía y por la que luchará para que «en su día, en España, se abra una discusión» para que se reconozca como un derecho «irreversible e irrenunciable». «Hablamos de dar un salto más. Que no haya Gobierno ninguno, ni siquiera los amantes de los recortes, que pueda tocar los derechos de las personas con discapacidad en un futuro», dijo.
La consejera de Bienestar Social explicó que la ley da respuesta al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. La ley se configura como «un instrumento jurídico en el ámbito de las competencias en materia de Servicios Sociales que confiere el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que permita a la persona con discapacidad que presente limitaciones en su autonomía para la toma de decisiones, configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida». «Es una ley novedosa porque no existe en todo el territorio español algo similar», afirmó Sánchez, quien explicó que, para el desarrollo de la ley, se plantean «dos grandes objetivos, sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial».
Así, se elaborarán planes personales de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y se impulsarán unidades de orientación y apoyo con orientadores; la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro. También se establecerá una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares. Para ello, el proyecto de ley establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares. El presupuesto para 2018 asciende a cinco millones de euros, que conllevará la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental.
Las cifras
Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36 % del total de las personas con discapacidad que hay en la región. En Castilla-La Mancha, hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que engloban a las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.
«Esperemos que esta ley cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes, esta es la ley más social de Castilla-La Mancha, es una ley que da tranquilidad a las familias», recalcó la consejera, quien también destacó la colaboración de las fundaciones tutelares y la participación del Cermi en la elaboración de la ley.
