Ciudadanos ha vuelto a desmarcarse del PP y de las demás fuerzas políticas y ha optado por intentar liderar en solitario la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que afecta a más de 87.500 pisos en toda España (según un informe del Institut Cerdá) y que sufren directamente, además de los propietarios, los vecinos de la comunidad y del resto del barrio, que ven cómo se degrada la convivencia.
La formación naranja ha decidido ignorar el acuerdo que hay en el Congreso de los Diputados para combatir la ocupación ilegal de viviendas, ha dado un paso más y lo ha hecho en solitario. Por ello, hoy registrará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley -la ley integral contra la ocupación de vivienda- para permitir juicios rápidos que agilicen el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente y para endurecer las penas cuando la ocupación se realice de forma violenta o se trate de narco-pisos. Además, la formación naranja propone que las comunidades de vecinos puedan instar también al desalojo, y no sólo los propietarios.
Así lo explicó ayer el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en rueda de prensa. «La ocupación de viviendas no solo está afectando a los propietarios, también a la convivencia en determinados barrios, sobre todo barrios humildes», relató y, ante esta situación, Ciudadanos ha preparado una iniciativa legislativa que espera «cuente con el apoyo mayoritario del Congreso».
Según Villegas, los objetivos de esta iniciativa son: proteger de una forma más eficiente a los propietarios de los pisos ocupados y a los vecinos; erradicar las mafias que están detrás de muchas de estas ocupaciones y el fenómeno de los narco-pisos, y agilizar los desalojos mediante juicios rápidos. «Que no se eternicen los desalojos de las viviendas ocupadas», afirmó.
En el grupo parlamentario del PP recibieron con estupor la iniciativa de Ciudadanos y recordaron que ya se está tramitando un acuerdo para atajar la ocupación ilegal de viviendas en el Congreso. En concreto, el jueves se constituye en la comisión de Justicia la ponencia de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, que en su día registró el PDECat. «Es absolutamente extemporáneo que registren ahora una ley por su cuenta cuando los grupos venimos trabajando en las reformas necesarias», señalaron fuentes de los populares, que una vez más denunciaron el «oportunismo» de Cs.
La iniciativa de la formación naranja tampoco fue bien acogida por Podemos. Pilar Garrido, su portavoz de Vivienda en el Senado, declaró que «ya existen mecanismos civiles para proteger a los pequeños propietarios ante la ocupacion de sus viviendas» y que «no es necesario penalizar más la ocupación». Podemos recordó que «la vivienda cumple una función social», que «el derecho a una vivienda digna es algo que nuestra Constitución reconoce» y que «vivimos una situación de emergencia habitacional». «Muchas familias, con niños y niñas pequeñas, si no ocupan viviendas vacías, normalmente deterioradas y de los bancos, dormirían en la calle a la intemperie», añadió.
