Como en una vuelta a un pasado no tan lejano, que devastó a miles de jóvenes estadounidenses en los años 70 y 80, el abuso de las drogas se ha convertido otra vez en uno de los grandes problemas sociales del país entrado el siglo XXI. El dramático caldo de cultivo hay que situarlo, en buena parte, en la demoledora crisis financiera y económica recién superada. Y en especial, en el imparable deterioro que ha azotado los últimos años a los estados industriales del este y del norte. La caída de la actividad del acero, el aluminio, la minería y otros subsectores ha creado zonas deprimidas donde el futuro parece haber cerrado sus puertas. Con el hombre blanco de edad madura y avanzada como víctima tipo, el mismo que trasladó su desánimo en las urnas desde los demócratas al populista Trump, son los estados que crearon el vuelco electoral los más afectados: West Virginia, Ohio, Pensilvania, New Hampshire y Kentucky.
El aumento de potenciales consumidores de calmantes se ha visto retroalimentado los últimos años por un mayor número de prescripciones médicas de sustancias, que antes se limitaban a traumas agudos posoperatorios o a enfermos terminales. La inclusión de pacientes con síntomas leves, dolores más o menos crónicos, que en Estados Unidos superan los 110 millones de personas, ha disparado el número de productos farmacéuticos en el mercado. Como dato, el número de recetas de estas sustancias se ha triplicado los últimos quince años. Un cóctel explosivo cuya consecuencia fatal ha sido el fuerte incremento del número de adictos a las sustancias opiáceas. Con efectos funestos. En 2016, último año en que se llevó a cabo un censo oficial de este tipo, casi 64.000 estadounidenses murieron a causa de una sobredosis. Como resultado, una sobrecogedora media de 175 fallecimientos cada día y un número cinco veces mayor que en 1999, año desde el cual son más de 600.000 las vidas perdidas.
Las estadísticas no engañan. La epidemia de opiáceos que intenta combatir ahora la Administración Trump ya ha matado a más estadounidenses que en toda la Guerra de Vietnam, cuyo balance trágico ascendió a 58.000 combatientes. Por si fuera poco, los últimos datos registrados la convierten en la mayor plaga que haya sufrido nunca el país. Un dramático récord que hasta ahora ostentaba la tragedia del sida, cuyo pico más alto de víctimas mortales se registró en 1995, año en que fallecieron 43.000 personas.
Frente al dramático impacto que también muestra a menudo la cocaína, las sustancias opiáceas, aquellas como la heroína, pero también otras que forman parte de recetas médicas habituales, como el oxicodona, hidrocodona, codeína, morfina, fentanilo y otras, están generando este balance sin precedentes en todos los terrenos. Su uso y abuso han disparado también los últimos años el número de adictos, que supera los dos millones. Según las estadísticas, casi 600.000 de ellos están enganchados a la heroína.
El efecto de la epidemia de los opiáceos que azota Estados Unidos incluye más lecturas. Su traducción económica supone ya un coste de 500.000 millones dólares, contando las muertes por sobredosis, los gastos de salud, el sistema criminal y el impacto de la oportunidad por trabajo perdido, según la última estimación elaborada por la Casa Blanca. El cálculo prevé que en apenas tres años más, el coste se eleve a un billón de dólares. Un fortísimo incremento que también tiene explicaciones de carácter social. Como el obligado aumento del cuidado de niños, en especial en las áreas más depauperadas.
En el reparto territorial del drama, son las zonas rurales las más castigadas, dado el mayor número de accidentes laborales. A lo que hay que sumar la mayor dificultad de una adecuada gestión médica que controle el consumo de los opiáceos.
