«¿Puerto Rico se levanta?», se pregunta con sarcasmo un joven que hace cola para alquilar un coche en las afueras del aeropuerto internacional Luis Muñoz Rivero de San Juan. Es de noche y la oficina y el barrio se han quedado por completo a oscuras, en uno de los apagones habituales en la capital del país desde la llegada, hace hoy seis meses, del huracán «María», que arrasó la isla. Fuera del área metropolitana, quedan cientos de miles de personas sin acceso a electricidad y a agua, lo que convierte su vida en un infierno.
«Puerto Rico se levanta» es el lema que surgió en la respuesta a los destrozos de «María», pero medio año después suena vacío. El Gobierno de Puerto Rico, comandado por Ricardo Rosselló, muestra una cara que no se corresponde con la realidad de amplias zonas de la isla. Según los datos oficiales, el 93% de los puertorriqueños tiene ya acceso a electricidad y el 98,5% del suministro de agua se ha restablecido. «Jamás de la vida me creo eso», reacciona desde un ayuntamiento temporal -el original sigue en ruinas- Rafael Surillo, alcalde de Yabucoa, por donde entró el huracán en Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado. «Es un embuste, juegan con los números», dice antes de asegurar que el 75% de los 37.000 vecinos sigue sin luz (y, en muchos casos, sin agua, ya que el bombeo depende de la electricidad).
En Utuado, en el interior del país, la situación es similar. Su alcalde, Ernesto Irizarry, calcula que el 50% de la población no tiene electricidad, en especial en sectores en la montaña donde hubo gente que se pasó semanas de incomunicación tras el huracán. «Tengo nueve barrios con cero por ciento de electricidad», dice Irizarry, que conoce el problema de primera mano: él sigue sin luz, sin agua y con su familia durmiendo en un solo cuarto y con un techo de lona azul provisional. «No hay materiales», dice sobre la reconstrucción. «Yo le hablo al gobernador, pero no hay entendimiento», señala.
La crítica va más allá de La Fortaleza, la sede del Gobierno de Puerto Rico en el Viejo San Juan, y vuela hasta Washington. Surillo reconoce que en su pueblo están «totalmente defraudados, porque la respuesta no fue como en Florida o en Texas», en referencia a otras catástrofes naturales ocurridas en la misma época. Tanto en Yabucoa como en Utuado se han producido suicidios (tres y uno, respectivamente), algo poco habitual, y que relacionan con la desesperación de sus vecinos. También se ha disparado el índice de mortandad y la emigración a EE.UU., que se ha acentuado en los últimos años y disparado tras el huracán.
«Esto es producto de la situación colonial de Puerto Rico», apunta sobre la reconstrucción Miguel Soto, presidente del Centro para una Nueva Economía, uno de los «think tank» más prestigiosos del país, que ni es estado de EE.UU., ni tiene plena soberanía. «Se esperaba mucho más y mucho más rápido», dice sobre la respuesta al huracán, para el que Washington ha tardado en mostrar músculo financiero: «El préstamo del Tesoro no se ha desembolsado y la asignación de 16.000 millones de dólares solo se hizo hace unas semanas».
Se ha explicado que la respuesta lenta y dubitativa del Gobierno federal tiene que ver con que Puerto Rico no ha sido eficiente en el uso de fondos y, de hecho, se encuentra en el medio de un grave problema de deuda que le llevó a la bancarrota. Aunque Soto no niega que eso sea un componente, «la razón principal es que Puerto Rico no es importante para Washington. Y no es una cuestión de demócratas o republicanos. Con Obama también se nos hizo difícil lograr la atención necesaria. Y con Trump aún más difícil».
«Tendríamos que remirarnos como país», dice Lee Vanessa Feliciano, directora ejecutiva de Cruz Roja para Puerto Rico, «no solo el Gobierno, todos. No estábamos preparados para una catástrofe como esta, tenemos que aprender para la próxima temporada de huracanes». Para eso, apenas queda tiempo de reacción: arranca el 1 de junio, con un país todavía con las costuras abiertas por «María».
