La calle ha dado aire a Podemos. Desde su fracaso electoral en Cataluña, el partido se ha centrado en dar prioridad a una agenda social que quedó relegada y supeditada a una apuesta por la «España plurinacional» que resultó fallida. Ahora, con el impulso de la calle, han pisado el acelerador en este sentido con un doble objetivo: desgastar al Gobierno y forzar a un PSOE que en Podemos consideran preso del discurso que mantuvo Pedro Sánchez durante las primarias socialistas en las que regresó al poder.
Ayer, unos días después de los disturbios ocurridos en Lavapiés tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye, Unidos Podemos registró una proposición de Ley para despenalizar la venta ambulante. El texto pide una modificación del Código Penal para regresar a la situación anterior a 2015, cuando la venta en el top manta estaba castigada con una multa administrativa y no con la cárcel, como sucede en la actualidad. Además, en los casos en los que el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros los de Iglesias proponen directamente que los hechos no sean punibles.
Además de los inmigrantes, otros sectores vulnerables han atraído el foco populista en los últimos meses. Este es el caso de los pensionistas, cuyas movilizaciones han propiciado que el discurso de Podemos gire casi exclusivamente en torno a este asunto. Ayer, el secretario de Organización de la formación, Pablo Echenique, cargó contra el Ministerio de Defensa al comparar el gasto en compra de armamento con lo que costaría revalorizar las pensiones con el IPC: «Hemos visto un plan de 10.000 millones para comprar armas mientras el Gobierno corrupto insulta a los pensionistas diciéndoles que no hay dinero para unas pensiones dignas, algo que costaría 2.000 millones. Pero en Podemos parece que no solo se busca abanderar la calle y a los sectores más vulnerables, sino que desde hace meses también tienen la vista puesta en un asunto que el PSOE monopolizaba desde el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero: la memoria histórica. El Congreso votará hoy una propuesta de Unidos Podemos y los partidos nacionalistas para modificar la Ley de Amnistía. El objetivo de esta reforma es que puedan juzgarse en España los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. El Grupo Socialista votará en contra.
