El sector público español ya suma más asalariados de los que tenía cuando empezó la crisis, y el «logro» recae en las Autonomías. Los gobiernos regionales han sumado 150.000 asalariados en solo tres años, lo que supone un incremento de prácticamente el 10%, según revela la serie de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En gran parte, ese fuerte aumento de plantillas que se ha producido en las Autonomías se ha visto compensado con el recorte de plantillas que sigue llevando a cabo la Administración central y de la Seguridad Social. Pero, aún así, el saldo de conjunto es que, hoy por hoy, España ya tiene más empleados públicos que antes de la crisis: 3.075.000 de asalariados, 105.000 más que a finales de 2007.
Este aumento es especialmente significativo en este momento, no solo porque está hecho escalar el gasto de personal, sino porque amplificará el efecto de la subida salarial que acaban de pactar el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública.
Que este incremento de plantillas lo estén liderando los gobiernos autonómicos es relevante, porque las administraciones regionales son las que concentran la mayor parte de los asalariados del sector público español. Concentran en torno al 57% de todos los que están a sueldo del sector público. El repunte de plantillas en el que las Autonomías llevan instaladas desde hace varios años ha fulminado gran parte del camino que recorrieron cuando la crisis les forzó a poner a dieta sus gastos de personal.
A finales de 2013, las Administraciones auotnómicas sumaban 1,58 millones de empleados públicos. En estos momentos rozan los 1,75 millones de asalariados, según la última EPA al cierre de 2017.
Las entidades locales también han repuntado sus plantillas en los dos últimos años, aunque su impacto en el cómputo global del sector público es mucho más limitado. Hay que tener en cuenta que entre ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares suman la quinta parte de todo el empleo público que hay en España.
La Administración central y de la Seguridad Social, por su parte, concentra a apenas el 16,5% de los que están a nómina de la Administración española -o de sus entes y empresas-.
En su conjunto, desde finales del año 2014 el sector público español está inmerso en un repunte de plantillas. Atrás quedó aquel fugaz ajuste de personal que llevó a cabo entre los años 2011 y 2013. En cómputo global, al sector público español le costó poner a dieta sus gastos de personal: no lo hizo hasta 2012, cuando el sector privado ya llevaba cuatro años soportando los efectos de una crisis económica que cayó a plomo sobre el tejido productivo. Y, también en cómputo global, todo el ajuste que al final se realizó, ya ha quedado fulminado.
