El presidente Donald Trump quiere instaurar la pena de muerte para los traficantes de drogas. «Si no nos ponemos duros con los traficantes», dijo durante un mitin en New Hampshire, «estaremos perdiendo el tiempo. Y eso incluye la pena de muerte». De lograrlo, EE UU ingresaría en el exclusivo club de países que ya sancionan con la muerte el contrabando de narcóticos. Hablamos de ejemplos de democracia y baluartes del Estado de Derecho como Sudán, China, Yemen, Siri Lanka, Cuba, Brunéi, Egipto, Libia, Corea del Norte, Irán, Jordania, Kuwait, Birmania, Pakistán y Arabia Saudí. Toda una pasarela internacional de respeto por la carta fundacional de Naciones Unidas y violenta asimilación entre moral y derecho, creencias y leyes.
«Se trata de ganar un problema muy, muy duro», añadió Trump, que previamente había dicho que los traficantes son asesinos, en tanto que responsables directos de la muerte de miles de personas. «Si no nos ponemos duros con estos traficantes, no vamos a lograrlo». En previsión de que un ejército de pusilánimes lo acuse de excederse, respondió que «tal vez nuestro país no está listo para eso. Es posible y puedo entenderlo, aunque no personalmente». Y es que «la mejor forma de vencer la crisis de las drogas es evitar que las personas se enganchen. ¿Cómo? Gastando mucho dinero en grandes anuncios que muestran lo malo que es [drogarse]».
Trump viene tratando de revocar las políticas crecientemente permisivas de varios Estados hacia la compra-venta de algunas drogas, léase marihuana. Pero en New Hampshire anunció planes que van más lejos y, al mismo tiempo, más cerca del origen. Que refuerzan las viejas políticas ensayadas por Clinton, Reagan y Nixon. Que retrotraen a 1961 y la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York y auténtico motor de la prohibición a nivel mundial. La táctica del actual presidente tiene que ver, de un lado, con la represión, que multiplicaría las medidas punitivas de los años más duros. Al mismo tiempo, aspira a reforzar los gastos en publicidad y relanzar las terapias de desintoxicación para adictos. O sea, cárcel, anuncios en televisión y metadona. Más la novedad de la inyección letal y/o la cámara de gas cual argumentos de choque, irrebatibles, contra las mafias. Es de agradecer que pretenda mantener el debate dentro de la legalidad y que no mencionara como posible modelo al presidente de Filipinas, Rodrigo Duerte.
Claro que la severa crisis de adictos a los opiáceos y la epidemia de sobredosis que asola Estados Unidos tiene mucho que ver con las drogas legales, obtenidas en buena medida con la correspondiente prescripción médica. De ahí que Trump haya insistido en que la Casa Blanca sopesa la posibilidad de pedir cuentas a las grandes farmacéuticas. Sus palabras tienen el antecedente del discurso que ofreció durante el pasado debate sobre el Estado de la Unión.
Sanciones contra la criptomoneda de Maduro
El presidente de Estados Unido, Donald Trump, demostró reflejos en lo tocante a Venezuela y su fantasmagórico petro. En una orden presidencial, la Casa Blanca prohibía cualquier transacción en la criptomoneda del régimen de Nicolás Maduro. A su entender, el petro no es sino la enésima añagaza del populismo venezolano para rehuir sus compromisos internacionales y escapar a las sanciones. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, estuvo rotundo en su encuentro con la Prensa. Así, Mnunchin explicó que con esta orden se impide que el Gobierno de Maduro aproveche «el sistema financiero estadounidense para facilitar el saqueo de la economía venezolana a expensas del pueblo de Venezuela». Paralelamente, el Tesoro impuso ayer también sanciones económicas contra cuatro altos cargos del Gobierno de Maduro, cuyos activos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos quedaron así congelados.
