Las reformas legales intentan una mayor aproximación de la calle a las asambleas parlamentarias y, en algún caso, como en Italia, facilitar el gobierno y alejar lo más posible a los movimientos antisistema. Era el gran objetivo de la llamada Rosatellum bis: si en algo son concluyentes los resultados de los comicios del 4 de marzo, es en el fracaso de esa reforma: Italia probablemente seguirá acumulando gobiernos, a partir de los 64 que se han constituido después de la segunda guerra mundial.
También en Francia comienza un proceso de reforma institucional para acercar a los electores a sus representantes, como si el actual sistema de la doble vuelta no fuera suficiente criterio de selección. En realidad, cada solución tiene sus inconvenientes: de ahí ese deseo de voto mayoritario directo donde rige el proporcional, y viceversa. O bien de promover sistemas mixtos como el italiano, o el que parece desear Emmanuel Macron para Francia, con la diversidad –aunque no se conocen aún los detalles- de que serían minoría los parlamentarios elegidos proporcionalmente. En todo caso, a la luz de estimaciones de politólogos conocidos, apenas se reduciría la partitocracia, y el ciudadano tendría muy poca libertad de elección entre los candidatos.
Pero casi nadie reconoce que quizá sólo una gran reforma de la financiación de los partidos resolvería el problema de la relación entre electores y elegidos. Los partidos deberían funcionar sin financiarse, sobre todo, gracias a los presupuestos del Estado. ¿No habría mayor conexión si sus cuentas dependieran de las efectivas aportaciones de sus miembros y simpatizantes? Como sucedía en las grandes asociaciones o fundaciones de interés general, antes de que se produjera la tendencia al incremento del factor público en las ONG.
Lo pensaba al leer un acuerdo reciente del parlamento de Estrasburgo sobre nuevas normas para la financiación de los partidos políticos europeos, que intentan ser más estrictas para acceder a la financiación pública, y más eficientes para recuperar fondos malversados. El gran punto de partida sigue siendo la transparencia, con la consiguiente fiabilidad y posibilidad de control de las cuentas.
La reforma parte de la negativa a que personas individuales puedan crear un partido europeo; sólo pueden hacerlo los partidos nacionales. Y añade que una persona sólo pueda ser miembro de una formación transnacional, para evitar que algunos grupos de ciudadanos creen más de un partido europeo para ampliar las posibilidades de acceso a la financiación pública. Más problemática parece que el servicio financiero del Parlamento recupere sumas indebidamente pagadas y gastadas: los culpables de fraude estarán obligados a devolver los fondos. Más trabajo para la hipotética Fiscalía europea, competente para investigar los posibles abusos.
Para tener acceso a la financiación, los partidos nacionales deberán publicar en sus sitios web el logotipo y el manifiesto político del grupo europeo afiliado a ellos, al menos doce meses antes de solicitar financiación. Esta se reduciría al 10%, frente al actual 15%. Y el 90% restante se repartiría proporcionalmente, según el número de diputados de cada partido. Todo pasa por la futura aprobación por la eurocámara y el Consejo, antes de finales de junio, cuando se publicará la convocatoria de solicitudes de financiación en 2019, año de elecciones europeas.
No habrá problemas, como sucedió en 2008, con la propuesta de Bruselas para mejorar la estabilidad financiera de los partidos europeos, con las elecciones de 2009 en lontananza. A la vez se autorizó la creación de fundaciones políticas específicamente europeas. Los partidos nacionales pueden financiar a los europeos, pero no al revés. Como suele ocurrir, las votaciones alcanzaron mayorías aplastantes: 538 a favor, 74 en contra, 10 abstenciones. La UE paga el 85% de los gastos (apenas unos puntos menos que Estados como España).
Estoy persuadido de que este clima fortalece las raíces de muchas corrupciones. Y no parece que la reforma esté en la mente de los líderes de partidos emergentes: puede preocuparles el control de las cuentas, como veo en una proposición de ley presentada al Congreso español, pero no la idea de renunciar a vivir del Estado.
