El Tribunal Constitucional tiene previsto abordar en el Pleno que comienza hoy una ponencia favorable a mantener las subvenciones públicas a centros educativos concertados que segregan a los alumnos por sexo. Según ha podido saber ABCde fuentes solventes, la mayoría de los magistrados se inclinan por apoyar que se mantengan estas ayudas, si bien lo harán muy divididos, de lo que da fe el hecho de que esta sea la cuarta vez que el asunto se lleve al Pleno. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores, todo apunta a que en esta ocasión habrá sentencia.
La separación de los alumnos por sexos es uno de los aspectos más polémicos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), reforma promovida por el exministro José Ignacio Wert. Y es uno de los puntos cuestionados por el Grupo Socialista, cuyo recurso (hay otros cuatro pendientes) es el que hoy estará sobre la mesa de los magistrados. El apartado 3 del artículo 84 de la ley señala que «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos» y que la elección de esta educación no puede implicar «en ningún caso» un trato «menos favorable».
Más puntos cuestionados
Junto con la educación diferenciada, los socialistas dudan también de que sea constitucional eliminar la participación en el consejo escolar de profesores, padres y alumnos para decisiones relacionadas con el despido del profesorado; del sistema establecido para la enseñanza de religión, valores culturales y cívicos y valores éticos, la separación de los alumnos por itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el régimen de selección y admisión de alumnos a partir del rendimiento académico. Sobre todos estos aspectos está previsto que se pronuncien los magistrados en este pleno ordinario que termina el jueves.
Además del recurso del Grupo Socialista, el TC tiene que resolver también los del Parlamento de Cataluña, el Principado de Asturias, el gobierno de Canarias y la Junta de Andalucía.
El pasado mes de febrero el TC anuló la posibilidad de que los padres escolarizaran a sus hijos en castellano en Cataluña con fondos públicos. La sentencia, en este caso dictada por unanimidad, llegaba en un momento de máxima sensibilidad en Cataluña después de que unos días antes el Gobierno, en virtud de las competencias que le otorga la aplicación del artículo 155 en Cataluña en materia educativa, anunciara que estudia mover hilos para que el castellano recupere el papel de lengua vehicular en esta comunidad.
Vigilancia, no control
La «vía Wert» o «vía Lomce», habilitada en 2013 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert , ofrecía 6.000 euros de ayuda –luego la cantidad se rebajó– a las familias para sufragar la enseñanza bilingüe de sus hijos, dinero que después el Gobierno descontaba a la Generalitat. En la práctica, la propuesta embarrancó, ya que no habían centros públicos que ofrecieran escolarización en castellano, lo que obligó a los padres a matricular a sus hijos en centros de élite privados con matrículas inaccesibles. Desde un principio, los padres –medio centenar han accedido a las ayudas– entendieron que era una vía muerta.
La sentencia del TC, que respondía a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat en 2014, consideró que esta vía para garantizar el castellano es «inconstitucional» y no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad.
Según el TC, «la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado». De igual modo, la sentencia rechazaba que, «a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades autónomas».
La sentencia también dirimía otras cuestiones sobre la Lomce, y, así, declaraba inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato.
