La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, hizo un llamamiento a la sociedad para hacer más visible la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres con dispacacidad, y que para Castilla y León suponen una prioridad de las 82.000 contabilizadas en la Región, 14.100 de ellas por enfermedad mental.
En este sentido, se ha referido al empleo y a la violencia de género como las dos principales situaciones a las que se están teniendo que enfrentar este colectivo. Por un lado, el empleo, ya que, a pesar de la mejoría en los últimos años, se enfrentan a mayores tasas de paro y a mayor brecha salarial, un 18 por ciento que a la de los hombres en su misma situación. Y respecto a la violencia machista, tres de cada cuatro mujeres con enfermedad mental grave han vivido una situación de estas características en el ámbito familiar o en la pareja alguna vez en su vida.
Unas declaraciones que realizaba la consejera al participar en una jornada sobre «Mujer y Salud Mental», organizada por la Federación castellano y leonesa y donde se ha presentado un estudio basado en 56 entrevistas a un total de 253 personas, relacionadas con su red asociativa.
El presidente de la Federación, Jesús Corrales, fue el encargado de desgranar este estudio, donde se evidencia que este colectivo ve mermado sus derechos civiles al ser más vulnerables ante la violencia machista o la restricción a su derecho a la maternidad. Precisamente, en el ámbito personal, Corrales ha explicado cómo estas mujeres se ven «relegadas a un segundo plano» dentro de la unidad familiar y se les manda «lamentablemente» a la cocina, pues sus satisfacciones personales y su autopromoción quedan «negadas», algo que también repercute en la percepción que ellas mismas acaban adoptando sobre qué es la violencia de género.
Otra de las conclusiones a las que ha llegado el informe es el relacionado con la representación de la mujer entre las personas usuarias de los recursos de la asociación, donde tan sólo el 38 por ciento de los usuarios es mujer, lo que evidencia «la dificultad que tiene este colectivo a la hora de acceder a los servicios».
Esta Jornada ha permitido acercar a la sociedad acciones tan representativas en la defensa de los derechos del colectivo que están llevando a cabo.
