Con un suicidio incluido, un caso de corrupción tiene contra las cuerdas al primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Aunque ganó las elecciones anticipadas de octubre, su cargo está en entredicho tras descubrirse esta semana que el Ministerio de Finanzas alteró unos expedientes sobre la venta de suelo público a una escuela relacionada con Abe y su esposa.
A una décima parte de su valor en el mercado, dichos terrenos fueron adquiridos en 2016 por Moritomo Gakuen, una guardería de Osaka polémica por su educación ultranacionalista, ligada al imperialismo que llevó a Japón a la II Guerra Mundial. Cuando la guardería quiso hacerse con más terreno para ampliar sus instalaciones y construir una escuela primaria, encontró el apoyo del primer ministro y su mujer, Akie Abe, quien fue incluso nombrada directora honoraria del centro.
Pero, en febrero del año pasado, se vio obligada a dimitir tras descubrir el periódico «Asahi Shimbun» este trato de favor, lo que provocó un sonado escándalo y forzó una investigación parlamentaria. Ante la comisión encargada del caso, el Ministerio de Finanzas entregó unos expedientes que habían sido manipulados. Tal y como reconoció el lunes su titular, Taro Aso, había unas 300 alteraciones en los 14 documentos originales, la mayoría para ocultar los lazos entre dicho centro educativo y el matrimonio Abe.
Para terminar de empeorar las cosas, la semana pasada se quitó la vida un funcionario del Ministerio de Finanzas encargado de tramitar dicho expediente. Según ha informado la televisión pública NHK, el hombre, de unos 50 años, dejó una nota de suicidio revelando que sus superiores le habían obligado a manipular los expedientes para borrar las referencias a los Abe y también a Taro Aso, ya que ambos apoyaban a un grupo ultraconservador donde figuraba el responsable de la guardería. Temeroso de que la responsabilidad cayera sobre él, se lo había confesado todo a sus familiares.
«Sospecho que fue obligado a hacer lo que no debía. Espero que todo se descubra. No quiero que su muerte sea en vano», declaró uno de sus familiares al periódico «Mainichi Shimbun«. Además, reveló que, en agosto del año pasado, se había sincerado por teléfono con su familia, a la que había dicho: «Estoy roto tanto física como mentalmente. No puedo dormir de noche. Ha sido muy duro porque llevo trabajando 100 horas extra cada mes. Mi sentido común ha quedado destruido«. A tenor de su pariente, el fallecido «tenía un fuerte sentido de la responsabilidad y odiaba hacer algo injusto. Era duro consigo mismo y nunca culpaba a otros. Ojalá hubieran protegido a alguien como él, que estaba haciendo su trabajo de forma honrada«.
Tras arrastrar este escándalo desde el año pasado, cuando minó su popularidad sobre todo en verano, las nuevas revelaciones han vuelto a estallarle a Abe y amenazan con costarle el cargo. Aunque había prometido que dimitiría si se demostraba su implicación o la de su esposa, lo único que ha hecho de momento ha sido pedir disculpas y reconocer que el caso «podría dañar la confianza en todo el Gobierno».
Para frenar la caída de su popularidad, Abe adelantó las elecciones en octubre consciente de que no tenía rival. Aunque las ganó por una abrumadora mayoría, la alargada sombra de este trato de favor le vuelve a perseguir, esta vez bajo el fantasma de un funcionario suicida obligado a manipular unos expedientes oficiales para salvarle la cara.
