Donald Trump se ha hecho de rogar, numerosas críticas incluidas, pero finalmente ha sancionado a Rusia por su interferencia en la elección presidencial. Mes y medio después de que venciera su plazo para continuar desde el Despacho Oval con el proceso de castigo que emprendió Obama, el departamento del Tesoro sumó ayer a cinco entidades y 19 particulares vinculados con el Kremlin a la lista de sancionados. Entre ellos, los servicios de inteligencia de Vladímir Putin, la llamda FSB, sucesora del KGB. Se trata de la primera respuesta de Trump a la agresión mediante ciberataques que recibió Estados Unidos durante la campaña electoral, que el presidente sólo ha reconocido con la boca pequeña, y siempre poniendo por delante que no influyó en su victoria en las urnas.
Las sanciones afectan también a la organización de inteligencia militar de Moscú, el denominado GRU, que, según los servicios secretos norteamericanos, están directamente involucrados en los sucesivos ciberataques que se produjeron durante la campaña electoral de 2016. Además del departamento como entidad, seis de sus integrantes sufrirán los efectos de las medidas adoptadas ayer.
La decisión de la Administración Trump se produce al día siguiente de su apoyo expreso a la acusación británica contra Moscú por el envenenamiento del exespía ruso Sergei Srkipal y su hija, mediante un agente nervioso. Un respaldo expresado por Washington en el seno de Naciones Unidas que, sumado a las sanciones, sitúa la relación entre ambos países en su momento más crítico desde la llegada de Trump al poder. El propio presidente estadounidense ha afirmado que «parece» que el mandatario ruso, Vladímir Putin, está detrás del envenenamiento.
En su justificación para aprobar el nuevo paquete de medidas, el Tesoro atribuye un carácter «malicioso» a las acciones rusas, que no limita a la interferencia electoral en Estados Unidos. El departamento que dirige Steven Mnuchin atribuye a terminales del Kremlin el NotPetya, que el pasado año se convirtió en «el ciberataque más destructivo y costoso de la historia», al provocar la caída de las redes en medio mundo. Asimismo, acusa al Gobierno ruso de estar detrás de «intrusiones con el objetivo de dañar infraestructuras críticas» del país, que intentan además «perjudicar a su sistema financiero».
De los 19 particulares incluidos en el listado de sanciones, trece fueron inculpados recientemente por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la presunta connivencia de Trump y su equipo electoral con el Gobierno de Vladímir Putin. El motivo de su acusación es el de difundir propaganda mediante las redes sociales con el fin de sembrar la discordia y desestabilizar al país.
