La fiscalía general española pidió este jueves al gobierno que explore si es posible extraditar a España al independentista catalán Carles Puigdemont desde Suiza, adonde viajará el domingo desde Bruselas.
La fiscalía pide al ejecutivo que "se realicen las gestiones necesarias ante las Autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la viabilidad de la detención de los fugados y de su reclamación a efectos de extradición", según anunció en un comunicado.
Puigdemont no descarta elecciones en una Cataluña bloqueada
La fiscalía hizo su demanda al ministerio de Interior tras saber que Carles Puigdemont viajará el domingo a Ginebra, para participar en una mesa redonda sobre el tema de la autodeterminación organizada por el Festival de Cine de Derechos Humanos.
Puigdemont se instaló en Bruselas pocos días después de su destitución el 27 de octubre por el gobierno de Mariano Rajoy, tras el intento infructuoso de secesión de Cataluña.
La justicia española lo acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos, aunque el juez a cargo de la investigación renunció a pedir su extradición a la justicia belga, por miedo a que surjan diferencias de interpretación que luego pudieran limitar su actuación.
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Por ello, Puigdemont es libre de moverse por Europa, aunque si regresara a España sería probablemente puesto en prisión provisional, como su ex vicepresidente Oriol Junqueras.
El 22 y 23 de enero, pudo viajar a Dinamarca. La fiscalía pidió que se activara la orden de arresto internacional en su contra, pero el juez no lo hizo.
La fiscalía pide también al juez que analice la posible adopción de "medidas cautelares complementarias consistentes en la limitación de la validez del pasaporte de los fugados", es decir Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno cesado, y que al igual que él abandonaron España, asi como la ex diputada independentista Anna Gabriel, actualmente en Suiza.
El independentismo retrocede con fuerza en Cataluña
La ley española permite la confiscación o la retirada de un pasaporte, en particular si su titular es objeto de una medida de privación de libertad.
En febrero, un portavoz del ministerio suizo de Justicia, Folco Galli, se mostró reservado en cuanto a una solicitud de extradición de Anna Gabriel, si la hubiere, sobre todo si estuviera fundamentada en un "delito político".
"Suiza, al igual que la mayoría de demás Estados, no acuerda la extradición ni ninguna otra forma de ayuda judicial por delitos políticos", declaró el portavoz.
