El principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares durante décadas,
Tolo Cursach
, ha comparecido este jueves ante el juez, en el marco del primer juicio de los varios a los que deberá enfrentarse en los próximos meses. Cursach ha tenido que explicar esta mañana al magistrado el motivo por el que guardaba una carabina en su domicilio, en concreto debajo de la cama del dormitorio principal, al parecer sin la preceptiva documentación. El arma fue hallada por la Policía Nacional en un registro llevado a cabo a finales de febrero del pasado año en casa del conocido magnate mallorquín.
El juicio iniciado esta mañana es una de las piezas separadas en las que ahora se encuentra dividido el denominado caso Cursach. El fiscal atribuye a Cursach en esta pieza separada un presunto delito de tenencia ilícita de armas y solicita para el empresario isleño una pena de un año y medio de cárcel. Cursach ha explicado hoy al juez que la carabina pertenecía a un amigo suyo, ya fallecido, y ha añadido que «jamás» usó dicha arma en los ocho años que habría permanecido debajo de su cama. Por su parte, la inspectora de la Policía Nacional que dirigió el registro domiciliario ha declarado que Cursach le pidió si le podía ayudar con «el tema del arma», a lo que esta agente respondió que el hallazgo de la carabina era «el menor de sus problemas».
En este contexto, cabe recordar que Cursach se encuentra en prisión provisional desde marzo del pasado año, tras haberlo decretado así el entonces instructor del caso Cursach, Manuel Penalva. En el auto dictado hace doce meses por Penalva, se le atribuían a Cursach un total de hasta 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. Precisamente, Cursach ha llegado esta mañana a los Juzgados centrales de la capital balear a bordo de un furgón policial procedente del centro penitenciario palmesano.
Lo que hoy se conoce genéricamente como el caso Cursach es una macrocausa iniciada en 2013 en la que, originariamente, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán sólo investigaban la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Cursach formaría también parte de dicha trama, según Penalva y Subirán. En idéntica situación se encontrarían antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco con diversas piezas separadas.
Según los investigadores, el citado empresario mallorquín habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. En estos momentos hay en torno a un centenar de personas investigadas —imputadas— en el caso Cursach, entre ellas antiguos altos mandos policiales. Además, varios testigos protegidos han sido amenazados o agredidos en estos últimos meses, supuestamente a raíz de sus declaraciones en sede judicial.
Recusación del instructor
Cabe recordar que el magistrado que hace cinco años inició la instrucción del caso Cursach, el ya citado Manuel Penalva, fue apartado de este proceso la pasada semana por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra Penalva, al estimar que se produjo «pérdida de apariencia de imparcialidad» por parte del juez. El sustituto de Penalva en la instrucción será a partir de ahora el juez Miquel Florit.
En uno de los dos autos de la Audiencia Provincial hechos públicos días atrás, la Sala decidió estimar la petición de recusación presentada en diciembre por el abogado de uno de los investigados en la causa, Bartolomé Sbert. El letrado de Sbert había invocado como causas de la recusación «la existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta» del juez Penalva con «cualquiera de las partes» y también «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». En su momento, se sumaron a la recusación solicitada por dicho jurista diversos abogados de otros imputados en la causa.
La Audiencia Provincial señalaba en el citado auto que no había advertido que las decisiones del juez Penalva hubieran venido presididas por «la predisposición anímica que el recusante le atribuye». Aun así, según la Sala «los datos de hecho probados» en el incidente de recusación «permiten afirmar que la apariencia de imparcialidad» del juez Penalva en esta causa «no supera el estándar objetivo». El tribunal se refería en este punto a los whatsapps que el magistrado intercambió meses atrás con la testigo protegida número 31, considerada clave en esta causa. En uno de dichos mensajes, el juez habría escrito «¡¡Vamos a acabar con estos hijos de p...!!», en referencia a las personas que supuestamente habrían estado amenazando a dicha testigo.
En el segundo auto dictado por la Audiencia Provincial en relación a la otra solicitud de recusación presentada, la Sala también concluyó que había habido «pérdida de apariencia de imparcialidad» por parte del juez. Este incidente concreto de recusación había sido presentado en noviembre por otro de los investigados en la causa, basándose en que el magistrado instructor tenía «interés directo o indirecto en el pleito o causa».
