El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dado los detalles este lunes sobre un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento el pasado 19 de febrero que señala «con toda claridad» que la novación del préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, firmada el 4 de abril de 2016, no tenía que ir al Pleno municipal.
Así lo ha explicado este lunes el regidor socialista dos semanas después de que el interventor municipal, Rafael Salgado, asegurara en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la SVAV que, en su día, recomendó verbalmente al equipo de Gobierno someter al Pleno la firma de la novación del crédito de 404 millones de euros, algo que llevó al Grupo Municipal Popular a apuntar que esa acción era «similar» a la firma de las cartas de conformidad por parte del exalcalde 'popular', Francisco Javier León de la Riva, quien irá a juicio el próximo 25 de abril por ese trámite.
El informe señala que «no existió irregularidad alguna en este sentido» al no llevar a Pleno la firma de la novación por parte del Ayuntamiento, ya que el secretario considera que no era el órgano competente que debía aprobarla, al ser un documento privado de carácter mercantil que comprometía a la SVAV «pero no trasladaba el compromiso a las entidades públicas que la forman», informa Ep.
De hecho, ha recalcado el alcalde, el documento incluía una cláusula específica, la VIII, que expresaba que la novación no implicaba la ratificación de las cartas de conformidad, firmadas en su día por el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, y que por entonces -abril de 2016- el Ayuntamiento ya estaba en trámites para su anulación.
Con todo ello, Puente ha subrayado que esta firma no comprometía al Ayuntamiento como avalista o garante del préstamo, algo distinto a lo que ocurría con las cartas de conformidad, cuya firma, según la interpretación del actual equipo de Gobierno, suponía que el Consistorio debía asumir la parte correspondiente de la deuda -unos 100 millones de euros-, por lo que el actual equipo de Gobierno anuló en Pleno el documento firmado en enero de 2011 y denuncio al exregidor por la vía penal.
Al ser preguntado sobre la opinión del interventor, quien en abril de 2016 apuntó en un «informe verbal» que la novación debería llevarse al Pleno, Puente ha recalcado que quien tiene la competencia sobre este tipo de decisiones es el secretario general, quien en aquellas fechas también fue consultado y, en su caso, abogaba por no someter la firma a la votación de la Corporación, según ha asegurado el alcalde.
«Ni siquiera era conveniente»
De hecho, Óscar Puente ha incidido en que el secretario dijo entonces que «no era ni obligatorio y ni siquiera conveniente» llevar la novación al Pleno, pues si se negaba la validez de la Carta de Conformidad «no tenía sentido» tratar ese préstamo en el órgano municipal, pues se podría «inducir a las entidades bancarias en la creencia de que el Ayuntamiento se responsabilizaba del crédito».
Además, ha incidido en que los ediles que forman parte del Consejo de Administración y que firmaron la novación toman decisiones que «vinculan exclusivamente a la SVAV», si esas acciones comprometieran a la Institución a la que representan, sí que deberían llevar las decisiones al Pleno, algo que Puente considera que ocurría con las Cartas de Conformidad pero con la novación.
Por otra parte, el informe incide en que el Ayuntamiento actuó con la novación como los otros socios de la SVAV, pues «ni la Junta, ni el Consejo de Ministros, ni el Consejo de Administración de Adif» sometió a sus órganos de gobierno este acto, a diferencia de lo que ocurrió con las Cartas de Conformidad.
Con todo ello, el regidor ha recordado las afirmación del portavoz del Grupo Popular, Antonio Martínez Bermejo, sobre la posible irregularidad cometida por el actual equipo de Gobierno, con lo que, ha interpretado Puente, aseguraba que él debería «acompañar a León de la Riva al Juzgado».
En este sentido, Puente ha exigido «rigor» al Grupo Popular, pues ha recordado que él considera que ha sido «siempre muy serio» y cuando ha considerado o tenía sospechas de que una persona cometía una ilegalidad, ha ido al Juzgado. Como consecuencia de ello, ha defendido el alcalde, hay cinco asuntos en los tribunales tales como las Cartas de Conformidad, las modificaciones irregulares del PGOU, el Caso Samaniego y el contrato de señalización vertical y horizontal en la ciudad.
«Si hay alguna regularidad hay que ir a los tribunales y no hacer insinuaciones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad», ha aseverado el primer edil.
