La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que desde 2016 investiga irregularidades en la visita del Papa en 2006, ha enviado una cédula de notificación a Francisco Camps y nueve personas más para poner en su conocimiento «la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía provincial de Valencia haciéndoles saber que se les tomará declaración en calidad de investigados una vez consten los autos e informes interesados por el Ministerio Fiscal».
Es decir, su señoría ha de valorar todos los autos e informes que han sido requeridos por la Fiscalía para decidir, en ese momento, si los cita a declarar. De ser esta su decisión -algo más que probable- lo haría en calidad de imputados para que pudieran personarse en la causa, tener conocimiento de las diligencias y acudir a declarar acompañados por sus abogados.
Además del expresidente Camps, se investiga también al arzobispo auxiliar Esteban Escudero, al exvicepresidente Víctor Campos; al expresidente de Les Corts, Juan Cotino. También a Francisco Javier Jiménez y Henar Molinero, al exsecretario del Arzobispado, Antonio Ramón Corbí, y a Enrique Pérez Boada.
La posible imputación alcanza a los miembros del Patronato de la Fundación que se constituyó para la visita del Papa.
Según explicó la defensa del expresidente Camps la contratación que se investiga es de 2006, mientras que la Fundación se constituye de forma privada en 2005. Su condición de privada la excluye de los condicionantes de la contratación pública, ya que la impulsora era la Iglesia, si bien en dicha Fundación participaron el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación a partes iguales.
Siempre según las mismas fuentes, en 2007 cambia la ley de contratos de la administración pública y las contrataciones se han de someter a la ley de contrato, pero su vigencia se establece en verano de 2007, cuando los contratos ya están hechos y firmados desde hace un año, si bien no se han pagado.
En 2008 cambia la Ley de Fundaciones de la Generalitat de tal forma que todas aquellas en las que participa la administración pública deben constituirse como Fundaciones de derecho público, pero no se establece régimen transitorio ni obligación para las que estaba constituidas como privadas con anterioridad.
Explican también que en 2010 se pagan las deudas y en 2014 se liquida la fundación.
Dos años después de liquidada un auditor señala que la Fundación es privada y lo envía a Fiscalía que inicia el proceso de investigación.
García Gasco estaría incluido
El arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, estaría también investigado en la misma calidad que el resto si no hubiera fallecido en 2011, por su condición de presidente de honor de la Fundación, el mismo cargo que ostentaba Francisco Camps. De continuar el proceso, la responsabilidad podría alcanzar a sus sucesores.
