La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, tomó ayer declaración a siete empresarios investigados dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), admitiendo algunos de éstos que facilitaban a la misma el nombre de otras sociedades para que fuesen invitadas a concurrir a los contratos para que existiesen las correspondientes tres ofertas.
Fuentes del caso señalaron a Ep que algunos de los empresarios investigados y que eran los adjudicatarios de los contratos indicaron ante la instructora que «facilitaban» a la Faffe el nombre de las otras dos empresas a las que llamar o invitar a concurrir en el expediente de los contratos. «Era una práctica habitual», apuntaron. En este sentido, cabe recordar que Juan Luis Álvarez, socio y director de proyectos de Proyempleo, quien e declaró la semana pasada en sede judicial, ya había admitido que la ex fundación le garantizaba contratos para llevar a cabos proyectos antes de invitar a otras empresas a concurrir a éstos, empresas que él mismo proponía a veces.
