En plena agonía por sobrevivir al derrumbe del «califato», decenas de terroristas de Daesh son detenidos cada día en refriegas con las fuerzas kurdo-sirias apoyadas por EE.UU. (SDF) cuando tratan de abandonar Siria. Muchos llegaron con pasaporte europeo, como los dos últimos «Beatles», la sádica banda formada por ciudadanos británicos que se encargó de martirizar, torturar y decapitar en formato televisivo a más de una decena de occidentales. Reino Unido ha aportado más de 800 «yihadistas» -la mitad ha regresado a las islas- desde que empezó la guerra siria. En Europa, Francia lidera la lista con más de 1.910 yihadistas, de los que 271 han logrado retornar a territorio francés. Todos ellos son los enemigos «número uno» de sus países: no los quieren allí por temor a más matanzas como la del Bataclan. Diecisiete años después del 11 de Septiembre, los coletazos de la guerra contra el terror iniciada por Bush continúan: ¿cómo abordar, sin vulnerar los derechos humanos y la democracia, el desafío de miles de yihadistas que quieren destrozar el modo de vida occidental?
Lo más sencillo, piensan los gobiernos británico y francés, debería ser dejar a los yihadistas en Siria e Irak para que respondan allí por los crímenes cometidos. Algunos de los terroristas «europeos» se enfrentarán a la pena de muerte ante tribunales de excepción iraquíes; quienes fueron detenidos por las milicias kurdo-sirias se encuentran en un limbo de arresto indefinido; sin olvidar los retenidos bajo la vigilancia del régimen de Bashar al Assad, acusado de utilizar armas químicas contra sus opositores y de ejecutar todo tipo de torturas.
Sin apenas pruebas más allá de una confesión por crímenes cometidos en bastiones como Mosul, los yihadistas capturados en Irak se enfrentan a juicios masivos que generan muchas dudas sobre si cumplen todos los estándares procesales y de derechos humanos. «Si rompen la ley en ese país deben asumir las consecuencias previstas en ese país. Ahora espero que si vemos un juicio en Irak el Gobierno francés va a hacer lo posible para que un sospechoso francés reciba un juicio justo y reclame al Estado iraquí en caso de que no reciba una protección legal y no tenga acceso a un abogado. Pero piensa qué les ocurre a muchos occidentales detenidos por tráfico de drogas en algunos países y qué margen de maniobra tienen sus Estados de origen», explica a ABC Raffaello Pantucci, director de Estudios Internacionales de Seguridad del think tank británico RUSI. Contra Irak o Siria no puede dirigirse ningún Estado por vía jurisdiccional, aclara la analista especializada en Oriente Medio y consultora Itxaso Domínguez. «Como mucho, el ciudadano europeo puede dirigirse contra su propio Estado por no haber puesto en marcha el mecanismo de protección diplomática (Corte Europea de Derechos Humanos, Al Adsani vs. Reino Unido 21 noviembre 2001), pero eso no afectaría a la sentencia emitida en Irak», agrega.
Estados Unidos, que mantiene abierto su centro de detención extrajudicial en la Bahía de Guantánamo, ha instado a sus aliados a repatriar a sus combatientes extranjeros capturados para que puedan enfrentarse a la justicia. «Guantánamo solo fue pensado para ser un recurso provisional. En cambio, se volvió permanente y se convirtió en un enorme dolor de cabeza sin una resolución clara», agrega Pantucci. El caso del «talibán» australiano David Hicks sigue siendo emblemático como uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad: el aumento del extremismo islámico, cómo motiva el terrorismo, el creciente poder de los actores no estatales y cómo lidiar con ellos. Detenido en diciembre de 2001 por la Alianza Norte afgana -milicias apoyadas por Irán y Turquía contra los talibán- y entregado como preso a EE.UU., que lo encerró en Guantanamo desde 2002 y 2007, según sus defensores, el joven australiano no era más que un aventurero naíf que fue a parar al lugar equivocado en el momento equivocado; pero, para los gobiernos estadounidense y australiano, Hicks se trataba de un sujeto peligroso que se entrenó en campos de entrenamiento yihadista de Al Qaida.
Como narra el libro «Detainee 002: The Case of David Hicks», el entonces veinteañero de Adelaida dejó la apacible Australia en busca de aventuras en el extranjero, terminando por abrazar el extremismo islámico de los dos principales grupos yihadistas de principios de siglo: los talibanes y Al Qaida. Hicks estuvo en Pakistán el 11 de Septiembre para luego regresar a Afganistán. Los grupos de activistas de derechos humanos consideran la Bahía de Guantánamo el Gulag del siglo XXI, donde el joven estuvo siete años retenido hasta que se declaró culpable y pudo regresar a su hogar en Australia, cumpliendo solo nueve meses de una sentencia de siete años. Hicks dijo que no buscaría una disculpa oficial por las torturas sufridas, pero sugirió que debería ser compensado con el tratamiento médico necesario para superar los traumas tras prácticas como el controvertido «waterboarding» y por haber sido golpeado repetidamente, en una ocasión durante ocho horas, a veces mientras estaba inmovilizado y con los ojos vendados. Además lo obligaron a tomar una medicación desconocida y lo sometieron a privación del sueño entre otras prácticas, según recoge Amnistía Internacional. Los tribunales civiles de los Estados Unidos dictaminaron que la acusación de proporcionar apoyo material para el terrorismo no puede considerarse un crimen de guerra en los casos en que se iniciaron acciones antes de 2006, año en el que se aprobaron nuevas leyes a este respecto.
De los 30.000 yihadistas que alguna vez combatieron para el Daesh, se cree que menos de 3.000 permanecen en Siria e Irak, escondiéndose en el desierto y luchando por su supervivencia. Los yihadistas franceses, los de mayor número de Europa occidental, se enfrentan a juicios en países altamente inestables ante el grave riesgo de que puedan escapar y reagruparse para cometer atentados nuevamente. Repatriarlos y juzgarlos en Francia amenazaría la estabilidad del sistema carcelario francés, en plena crisis por sus condiciones de hacinamiento y radicalización de sus presos. Las cárceles francesas no parecen preparadas para acoger a centenares de presos como el único terrorista vivo de la célula de los atentados de París, Salah Abdeslam, que, a la espera de juicio, se encuentra recluido en aislamiento en la prisión de Fleury-Merogis (París) tras haber sido detenido en Bruselas en marzo de 2016.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo en noviembre que se examinará «caso por caso y dependiendo de su implicación en Daesh» el destino de las mujeres y los niños que se unieron al autodenominado Estado Islámico y se encuentran arrestados en Irak. «Estas mujeres han luchado contra Francia. No fueron a Irak para hacer turismo. Fueron para luchar contra nuestros valores», apuntó el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian. «El problema de la falta de capacidad de las prisiones francesas es conocido; lo mismo va con el miedo que tienen las autoridades francesas de ver a unos presos influenciar a la ideología y a la mente de otros presos; pero eso no justifica – ni soluciona – la necesidad para Francia de clarificar su posicionamiento hacía los yihadistas de nacionalidad francesa desde un punto de vista jurídico», sostiene el fundador de la consultora de seguridad Stractegia, Barah Mikail.
El sectarismo entre chiíes y suníes es un tema que puede aprovechar Daesh para volver con fuerza. Retirar los pasaportes, como ya hiciera el gobierno británico, «no es necesariamente una solución, solo algo temporal, que no aborda el problema de fondo», considera el director de RUSI. Los Estados tienen prohibido privar a un individuo de su ciudadanía si hacerlo le convierte en apátrida. «Se permitirían excepciones limitadas en virtud de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, cuando la conducta resulta 'gravemente perjudicial para los intereses vitales del Estado'. Es más, el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997 prohíbe la privación de nacionalidad, incluso por este último motivo, si esto convierte al individuo en apátrida. Al final hay que tener en cuenta que aunque los derechos humanos sean universales, la condición de ciudadanos de un Estado es fundamental, en muchos casos, para ejercitarlos o reclamarlos», aclara Domínguez.
El problema de los retornados afecta de manera distinta a cada país, no es lo mismo Rusia, que ha «exportado» 8.500, que España -200 identificados como los que se han ido para allá-, según datos del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya. «La reacción no va a ser la misma. No hay que contar con que todos vayan a volver. Daesh continúa activo en Oriente Próximo y muchos seguirán allí. Se están abriendo nuevos frentes en lugares como el Sahel, pero también hay llamadas desde Birmania con los Rohingya, para que vayan allí a echar una mano a los que consideran castigados por los budistas», estima el director del instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria (IECAH), Jesús A. Nuñez. En el caso español, más preocupante -afirma Nuñez- parecen ser los radicalizados sin identificar ni rastrear (que no fueron a Siria) y que pueden causar atentados como el de Barcelona y Cambrils.
«Lo que vemos como tendencia general es eliminarlos mientras estén allí. Rusia va por delante pero también otros países, lo digan o no lo digan directamente pero prefieren que estos individuos no lleguen a poner los pies en territorio nacional. O miran para otro lado si alguien los elimina o dedican parte de su esfuerzo, dado que algunos están implicados militarmente allí, para intentar que no lleguen nunca a retornar», subraya el director del IECAH. En octubre, el entonces ministro de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, dijo que los británicos que fueran a luchar junto a Daesh entrarían dentro de los «objetivos legítimos» de los bombardeos de la coalición; mientras que la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, siguió la línea de su homólogo y reconoció en una entrevista que «si los yihadistas mueren en combate, sería lo mejor para nosotros».
