A los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados por el caso ERE les ha salido un apoyo con el que nadie contaba. A pesar de ejercer la acusación popular, el abogado del sindicato Manos Limpias, Rafael Prieto, se ha puesto de parte de las defensas de los antiguos políticos en algunas diatribas que se han producido en el proceso contra un sistema que repartió «sin control y de forma arbitraria» las ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis entre 2000 y 2010. Pero la ambivalente acusación que ejerce el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias puede tener los días contados.
El pasado 11 de diciembre, sólo dos días antes de que comenzara el juicio que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla recibió una llamada telefónica de un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Madrid, A.G.G. En una diligencia a la que ha tenido acceso ABC, el letrado de la Administración de Justicia da fe de que dicho empleado público ha advertido a la Audiencia de que «los poderes presentados por Miguel Bernad son totalmente falsos, que jamás han existido juntas ni nombramientos ni asambleas».
En otras palabras, el antiguo empleado público pone de manifiesto que la Audiencia de Sevilla habría sido víctima de un supuesto ardid por parte del secretario general de esta organización para seguir en la causa, después de que las defensas cuestionaran su legitimidad para estar en el proceso. Ante la «razonable duda» expresada por 18 defensas en un escrito dirigido al tribunal, éste dio al sindicato cinco días para que acreditara «la existencia jurídica» del sindicato «al día de la fecha» y «la vigencia de sus órganos de representación».
Para evitar ser expulsado del juicio, el secretario general, Miguel Bernad, presentó un escrito el pasado 7 de diciembre
Para evitar ser expulsado del juicio, el secretario general, Miguel Bernad, presentó un escrito el pasado 7 de diciembre en la Audiencia de Sevilla donde exponía que había llevado a cabo la renovación de los cargos de la junta directiva mediante la convocatoria de una junta extraordinaria. Tal reunión, como adelantó ABC, se celebró en su propio domicilio en Madrid el pasado 20 de diciembre según detalla este documento, en el que, además, da cuenta de que en la nueva directiva han sido sustituidos tres cargos (debido a su fallecimiento), y critica «el ataque brutal» que el sindicato «ha sufrido por parte de las cloacas del Estado». Esta renovación es la que ha puesto en cuestión el funcionario que se puso en contacto con el tribunal.
El escrito no convenció a algunas defensas, que insistieron durante la vista en que el sindicato debe ser desterrado de la causa. El tribunal aún no ha tomado una decisión. Según advirtió durante la vista el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sería «una burla a la Justicia, una afrenta al tribunal y un escarnio a la dignidad del resto de operadores jurídicos» que siguiera sentado en el estrado de la acusación una organización cuyo principal representante está investigado precisamente por chantajear supuestamente a personas, empresas e instituciones y luego cobrar dinero por retirar las acciones jurídicas emprendidas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Bernad casi 25 años de prisión.
Manos Limpias retiró la acusación en el caso ERE contra el entonces presidente de Unicaja, Braulio Medel, después de que, según la investigación de la UDEF, la trama de Ausbanc ofreciera exculparlo a cambio de dinero.
Revocar su acusación
El PP también solicitó «revocar» la acusación popular que ejerce el sindicato porque «no puede subvertir su rol y convertirse en defensa de los acusados». A pesar de que unos y otros solicitan su expulsión, la estrategia del abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto Tenor, ha roto los esquemas de casi todos ellos. Contra todo pronóstico, se mostró a favor de anular toda la instrucción del juez que llevó a juicio a Chaves y Griñán, amparándose en la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley. Esta cuestión previa había sido planteada por el abogado del exdirector general de Presupuestos de la Junta, Antonio Lozano, José María Mohedano, que también defiende a Griñán. El tribunal no la admitió. «Se hicieron mal las cosas», argumentó el letrado de Manos Limpias al respecto. Añadió que continuar con el juicio supone arriesgarse a una posterior anulación del proceso por parte del Tribunal Supremo.
Pero aún le quedaban dos piruetas por hacer. Manos Limpias rechazó, al igual que la Fiscalía, que se juzgara a los políticos un delito de asociación ilícita, como planteó el PP. Haciendo un alegato en favor de Chaves y Griñán, aseguró que él «no puede ser cómplice» de una «angustia innecesaria» de los acusados, a los que se les puede causar un «daño gratuito». El tribunal dejó sin efecto esta acusación en el auto de apertura de juicio oral.
Al contrario que el PP y la Fiscalía, Manos Limpias volvió a ponerse de parte de la defensa del exconsejero Francisco Vallejo para que se interrumpiera la vista tras haber sido operado. El juicio acabó suspendiéndose.
El representante de Manos Limpias
Rafael Prieto: «Yo soy cristiano y he actuado conforme a mi conciencia»
Rafael Prieto, abogado de Manos Limpias, defiende su papel en el juicio. «Yo soy cristiano y he actuado conforme a mi conciencia. Es mucho mejor que cinco delincuentes estén en la calle a que entren en prisión seis y uno de ellos sea inocente», confiesa. «Que sea lo que Dios quiera», declara cuando se le pregunta por su posible expulsión. Asegura que las defensas no le han transmitido que estén contentos con él, aunque ABC ha podido comprobar como recibe, entre bromas, felicitaciones por su papel. «Cuando ves que una persona está sufriendo porque se les están acusando de forma injusta no te puedes callar». Justifica así su rechazo a la imputación de un delito de asociación ilícita a los acusados, que está penado con hasta dos años de cárcel. «El PP no tiene autoridad moral para plantear eso. El tribunal me ha dado la razón», señala. Prieto insiste en que el sindicato acreditó su vigencia y que nadie le paga por ejercer la acusación en el juicio e incluso ha renunciado a las costas. Este letrado defiende que no se puede causar un daño a los acusados. «Tengo, digamos, una misión jurídica», confiesa este abogado que en su juventud quiso ser misionero seglar, pero acabó optando por la Abogacía.
