la Justicia busca la fórmula adecuada para traer a España y juzgar -en el estricto terreno de juego de la ley española, sin limitaciones externas- a los líderes independentistas fugados. Con esa intención, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó ayer la detención de Anna Gabriel, y ganó tiempo para exponer ante Suiza los indicios para juzgarla por un delito de rebelión, más sólidos que hace cuatro meses, y solicitar su entrega a España. La exdiputada del partido radical de la CUP, que se encuentra fugada en Suiza, desatendió la llamada del juez, que la citó a declarar ayer a las 09.30 de la mañana como investigada.
En un auto, Llarena ordenó «la detención y puesta a disposición de este instructor» de Gabriel, una petición acotada al perímetro de España. No incluyó en su solicitud la orden internacional de detención, que hubiera colocado a la Interpol tras la pista de la líder de la CUP, el partido antisistema que sostuvo al Gobierno de Carles Puigdemont e impulsó el proceso ilegal.
Al descartar ahora mismo la orden de detención internacional, el magistrado evita poner en marcha de forma inmediata el proceso que conduce a la demanda de extradición, cuyo éxito no está todavía asegurado. Como adelantó ABC, Llarena se limitó a activar el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la detención en caso de incomparecencia. El juez también evitó decretar la prisión preventiva contra Gabriel, otro paso previo necesario para pedir la extradición a Suiza, que ayer dio a entender que rechazaría la entrega. Cautela judicial.
La decisión de Llarena llegó después de que la Fiscalía solicitara al magistrado que dictara auto de prisión provisional, para que una vez decretada, proceda a cursar la orden de busca y captura internacional y su detención.
El objetivo, informaron a ABC fuentes del Supremo, es garantizar la entrega de los huidos a España, tarde o temprano, y que sean enjuiciados por su rol en el «procés» independentista. Veintiocho líderes secesionistas son investigados por empujar hacia la independencia por la vía ilegal, alentando una insurreción y enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado.
Uno de los posibles escenarios es que Llarena solicite la entrega después de cerrar la investigación y procesar a la exdiputada de la CUP, un paso judicial que reforzaría los argumentos y facilitaría el éxito de la petición, según las mismas fuentes jurídicas.
El mismo destino puede correr el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado en Bélgica. Llarena retiró la orden de detención internacional contra él, y descartó activarla cuando viajó a Dinamarca, pero mantuvo la orden nacional.
A través del portavoz de la Oficina Federal de Justicia y Policía (OFJP), Folco Galli, el Gobierno suizo comunicó ayer que si España solicita la extradición de la exdiputada de la CUP, Suiza la rechazaría si se trata de una demanda basada en motivos políticos; los cuales no son contemplados por la legislación helvética, informa María Teresa Benítez Lugo desde Ginebra.
Galli precisó «que cualquier otro país que hiciese una demanda de extradición basada en motivos políticos recibiría la misma respuesta que España». Sin embargo, el alto funcionario matizó diciendo que «de todas formas habría que analizarla con profundidad aunque, a priori, si es por motivos políticos no sería concedida».
En Suiza solo quedan excluidos de la categoría de delitos políticos el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y otros actos particularmente reprobables. Otros crímenes no tienen en Suiza base jurídica y existen pocas posibilidades de que una demanda de extradición basada en ellos pueda tener una respuesta positiva. Aun así, las autoridades suizas entrarían al fondo del asunto y analizarían si se cumplen los requisitos contemplados en el Convenio Europeo de Extradición, firmado en 1957.
Ese obstáculo -la categorización como un asunto político- podría frustrar la reclamación de España, a pesar de que la legislación helvética contempla delitos contra el Estado o alta traición, crímenes que podrían asemejarse con la rebelión. Esa equivalencia, el principio de doble incriminación, sería decisiva en el proceso de extradición y un filtro necesario para su éxito.
Este proceso de extradición lo formalizan los Ejecutivos de cada país, con lo que el visto bueno final depende del Gobierno suizo. Esa es una de las principales diferencias con las órdenes europeas de detención y entrega, el mecanismo aplicable entre países de la UE, como Bélgica. En la euroorden solo intervienen los tribunales.
Mientras tanto, la exportavoz de la CUP sigue en Ginebra y ayer dio una entrevista para TV3 reiterando que es una refugiada «política». Gabriel defendió su decisión de irse del país, frente a la de su compañera Mireia Boya, que sí acudió al Supremo, porque decidieron desde la CUP «desdoblar la estrategia» y así poder estar en el extranjero para «denunciar la falta de derechos básicos fundamentales» que, en su opinión, está ocurriendo en Cataluña, informa Daniel Tercero desde Barcelona. Consideró que el Estado está «aplicando» al independentismo «un Código penal de enemigo».
