El juez Pablo Llarena ha dictado orden de detención en España contra Anna Gabriel, una vez que no se ha presentado a declarar en el Supremo. La ex diputada de la CUP permanece en Suiza y explica su fuga con el argumento de que en España no tendría un juicio justo por haber alentado el referéndum del 1-O. Desde el TS aseguran que se librará una orden de detención internacional y que se solicitará al país alpino la extradición. No sería la primera: hace un año, Berna envió a Madrid a Miren Txapartegi, acusada de colaborar con ETA. Sin embargo, la Fiscalía recela de la petición y opina que el Gobierno suizo puede negarse a trasladar a Gabriel. No sólo por las diferencias penales: el país helvético sólo considera delito de rebelión el que incluye violenta explícita. Hay otra razón: en 2013, las autoridades suizas solicitaron a la Audiencia Nacional la extradición del famoso Hervé Falciani por revelación de secretos del banco HSBC. España se negó, ya que la entidad no es española y Falciani no cometió ningún delito en territorio nacional. Cinco años después, la Fiscalía General del Estado teme que los suizos se cobren la venganza y se nieguen ahora a enviar a Gabriel a España.
