Theresa May quiere pactar con la UE un periodo de transición tras el Brexit sin una fecha de conclusión predefinida. Según un documento oficial que ayer se filtró a la Prensa, el Gobierno quiere que esta etapa se alargue más allá de 2020, el tiempo que sea necesario para «implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la futura relación» con el bloque. Asimismo, Downing Street considera que los comunitarios que entren en Reino Unido en este periodo deben recibir un trato diferente a los que ya residen en el país, pero éste es un punto que Bruselas no acepta. El texto salió a la luz en la antesala de la reunión clave del Gabinete que tendrá lugar hoy en Chequers, en la que la líder «tory» quiere acordar con sus ministros la estrategia negociadora del Brexit de cara a la cumbre europea de marzo. Según el calendario previsto, el próximo mes, Londres y Bruselas deberán pactar cómo será el periodo de transición tras la salida del país del bloque, fijada para el 29 de marzo de 2019. Ambas partes coinciden en que debe existir un plazo para dar tiempo a los empresarios para adaptarse. Sin embargo, mientras que desde Downing Street quieren que esta etapa dure, como mínimo, 24 meses, al otro lado del canal prefieren que la transición concluya el 31 de diciembre de 2020, cuando se cierra el periodo presupuestario de siete años que entró en vigor en 2014, lo que permitiría estrenar el siguiente presupuesto sin contar ya con Londres.
Por otra parte, la oferta que ha realizado la UE a Londres para este periodo es la de mantener los beneficios de su actual membresía (mercado único y unión aduanera) siempre y cuando cumpla con las obligaciones y libertades (incluida la de movimiento de personas) que eso conlleva. Pero las demandas de la UE y el hecho de que el Ejecutivo se plantee extender sin fecha esta etapa de transición han encendido los ánimos del ala más euroescéptica del Partido Conservador.
El influyente European Research Group entregó una carta a May, firmada por 62 «tories», en la que piden que Reino Unido posea «plena autonomía regulatoria» y que, una vez salga del bloque, el Gobierno «debe tener la capacidad de cambiar las leyes y normas británicas» en lugar de seguir las comunitarias «sin ninguna opinión sustantiva en lo que Bruselas decida». Temen convertirse en un «país vasallo».
