Las autoridades suizas no están por la labor de poner a disposición de la Justicia española, y en concreto del Tribunal Supremo, a Anna Gabriel. De hecho, pese a que ni siquiera ha comenzado el proceso extradicional, el país helvético ha adelantado ya que España recibirá un «no» por respuesta si finalmente cursa una orden internacional de detención contra la ex diputada de la CUP, algo que es previsible que suceda si es procesada por el magistrado Pablo Llarena.
En este sentido, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, declaró al diario local «LeTemps» que Suiza rechaza «a priori» extraditar a Anna Gabriel. «Se trata con toda probabilidad de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos», afirmó Galli.
En todo caso, la ex diputada de la CUP no puede poner un pie en España desde ayer. Tal como anunció el martes desde Suiza, Anna Gabriel no compareció a declarar ante el instructor del citado procedimiento. Una vez que se verificó esa incomparecencia, la Fiscalía presentó un escrito en el que instaba al magistrado a decretar su detención «para proceder a su posterior reclamación ante las autoridades competentes en Suiza». De esta forma, instaba al instructor a que , una vez acordada la prisión, se cursara una orden internacional de detención a los efectos de la posterior demanda extradional, con el fin de iniciar los trámites para que la Justicia helvética la entregase, a los fines «de impedir que continúe en situación de fuga embargo, esta petición del Ministerio Público no fue atendida por el instructor, quien optó por librar una orden de detención contra la dirigente de la CUP para su puesta a disposición del tribunal; pero se trata de una detención nacional, es decir, que sólo sería detenida si regresa a nuestro país.
De esta forma, se encuentra en una situación similar a la del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los ex consejeros que, como él, optaron por huir de la Justicia y refugiarse en Bélgica.
Esta orden de detención nacional se podría transformar en internacional si el magistrado la procesa dentro de esa causa judicial. Ello sí podría dar lugar a que se iniciara un proceso de extradición en el que la última palabra la tendría la Justicia suiza. En este aspecto, no parece que el país elegido a conciencia por Anna Gabriel vaya a colaborar estrechamente con las autoridades judiciales españolas, sino más bien todo lo contrario, pese a que se pueda acordar tal medida. El hecho de que España no entregase a Hervé Falciani fue considerado por la Justicia helvética como algo más que una negativa al entender que se había tocado un «nervio central» en ese país, como es el secreto bancario; algo que no olvidaron y que ahora puede pesar de forma considerable en la decisión.
Sin embargo, el Gobierno se muestra optimista de cara a una posible extradición. Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que no prevé «ninguna dificultad» para ello si el juez del Supremo emitiera una orden internacional para su detención. Recordó que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla, por lo que si el instructor emitiera una orden internacional «no hay que prever ninguna dificultad».
