«Este tiroteo es diferente de los anteriores. Tengo un buen presentimiento. Algo va a cambiar». Las palabras de Daniel Bishop, de 16 años, superviviente de la matanza que segó la vida de diecisiete compañeros en las aulas del Marjory Stoneman Douglas High School, moldean el espíritu con que un centenar de estudiantes cubrieron en autobús los 650 kilómetros que separan su instituto del Capitolio de Florida.
La ofensiva de los estudiantes es de largo recorrido. El martes daban el último adiós a sus compañeros. Ayer, pasaron del luto a la acción. Su concentración ante las puertas del legislativo estatal en Tallahassee coincidió con la visita de una representación de alumnos, padres y profesores del instituto a la Casa Blanca, donde Donald Trump escuchó las mismas demandas de control de las armas y de seguridad en los centros educativos. Y el presidente se mostró más explícito y prolijo en sus comentarios que en estos últimos días. Mostró su apoyo a una idea que aún debe ser debatida y que suscita un gran revuelo social: armar a los profesores para prevenir las matanzas en centros de enseñanza.
Precisó Trump que no se armaría a todos los docentes y sugirió que bastaría con hacerlo con un 20 por ciento de ellos, aquellos que acepten y sepan manejar armas de fuego. Se les impartirían cursos especializados y portarían sus armas de forma discreta. «A muchos no les gustará la idea», afirmó, y criticó el concepto de escuelas-santuario donde toda arma esté prohibida. «Ello actuaría como imán para los maniacos», concluyó Trump.
La posibilidad de armar a los profesores y responsables de los centros levanta ampollas en la comunidad escolar. Muchos la apoyan, al menos tantos como la rechazan.
Este encuentro en la Casa Blanca no es sino la antesala de la gran manifestación convocada para el 24 de marzo en el Mall de la capital, donde se espera la llegada de cientos de miles de jóvenes de todo el país. Antes, el día 14, cuando se cumpla el primer mes desde el trágico tiroteo, el instituto de Parkland reunirá otro llamativo acto de silencio por los compañeros malogrados. Y habrá más. La movilización tendrá continuidad el 20 de abril, coincidiendo con el decimonoveno aniversario de la masacre del Columbine High School, en Colorado, donde se recordará a los doce alumnos y al profesor asesinados por dos estudiantes que posteriormente se suicidaron. La campaña va a ser posible gracias a los miles de dólares en donaciones que están recibiendo los organizadores de particulares, algunos de ellos famosos.
Ni el primer revés de la Cámara de Representantes estatal, que rechazó casi a su llegada una moción para restringir los rifles de asalto como el que empleó Nikolas Cruz, parece desanimar la mayor movilización de jóvenes estadounidenses frente a las armas de fuego que se recuerda.
El anuncio de Trump de impulsar la prohibición de los «bump stock», los dispositivos para multiplicar la velocidad de disparo de las semiautomáticas como la AR-15, aunque no fuera empleada en Parkland, abre la puerta a otras medidas de control. Entre la esperanza de las primeras restricciones legales desde 1994, cuando se prohibieron las armas semiautomáticas para un periodo de 10 años, y el escepticismo de un país tan polarizado ideológicamente, arranca una batalla sonora pero de incierto final.
En un ambiente de permanente choque ideológico como el que se respira en Estados Unidos, no podían faltar las primeras suspicacias. En los sectores conservadores radicales se ha insinuado que la movilización estaría infiltrada por movimientos de la extrema izquierda. Hace dos días, fue expulsado del Capitolio de Florida un asistente del representante republicano Shawn Harrison, por afirmar que dos de los portavoces del instituto de Florida eran actores que ya habían comparecido después de otros tiroteos. Sin embargo, a diferencia de crisis precedentes, medios conservadores como los neoyorquinos «Wall Street Journal» y «New York Post», ambos propiedad de Rupert Murdoch, están apostando abiertamente por aprobar limitaciones en el acceso a las armas.
El alcance real de los cambios legislativos es una incógnita. La primera ficha la ha movido Donald Trump, aunque por el camino más fácil. La prohibición de los dispositivos para acelerar la cadencia de los disparos es la única medida que no ofrece resistencias. Ni siquiera de la Asociación Nacional del Rifle.
Los siguientes pasos le enfrentarían con el poderoso lobby, que la pasada campaña electoral convirtió al outsider republicano en su candidato más financiado: nada menos que 30 millones de dólares contribuyeron a la victoria electoral. Pese a ello, Trump se ha mostrado también partidario de elevar la edad mínima para la compra de los rifles de asalto de los actuales 18 a 21 años. Ayer volvió a reclamar desde Twitter a los congresistas que endurezcan el acceso a las armas de las personas diagnosticadas con desequilibrios mentales. Una iniciativa que se compadece poco con la reforma legal que firmó el propio Trump a los pocos días de llegar a la Casa Blanca, cuando reincorporó a la lista de potenciales compradores a 75.000 presuntos perturbados que su antecesor, Barack Obama, había excluido de acuerdo con la Seguridad Social.
Aunque hay acuerdo en un control y un seguimiento más estricto por parte de las agencias federales, los demócratas se oponen a que las licencias para portar armas puedan ser utilizadas indistintamente en cualquier estado. A su juicio, sería una vía de agua contra la efectividad de la legisla